El grupo parlamentario de IULV-CA ha presentado una proposición de ley en la Cámara andaluza con la que pretende que la Cámara de Cuentas sea en un "órgano de control externo" que actúa por delegación del Parlamento, de manera que "evalúe el gasto público y luche contra la corrupción".

En rueda de prensa, el portavoz del grupo parlamentario y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha explicado que la propuesta de su grupo es "ambiciosa", y plantea "un marco extraordinario para la transparencia" en el control del dinero público.

Así, la reforma que propone IU es una adaptación del reglamento de la Cámara de Cuentas a lo establecido por el Estatuto de Autonomía de 2007 en cuanto a que el órgano fiscalizador "no es un órgano técnico, como ha sido hasta ahora" sino que es un "órgano de control externo" que "actúa por delegación del Parlamento" y a la misma vez se trata de obligar a la Cámara de Cuentas "a estar fiscalizada y sujeta a control externo".

Entre las novedades expuestas por Maíllo, destaca que el texto contempla que la Cámara de Cuentas pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción, a la par que se le otorga al órgano fiscalizador "capacidad para advertir y detectar nuevas formas y prácticas de corrupción política y administrativa".

Maíllo ha explicado que con esta ley se modernizaría el trabajo de la Cámara en tanto pone el énfasis en la fiscalización de sistemas informáticos de gestión, de personal, de contratos, de tramitación y se introduce a quienes se financian mayoritariamente con fondos públicos aunque "sean entidades privadas". Además, contempla las privatizaciones y concesiones desde el inicio del procedimiento "para poder advertir de forma temprana los posibles riesgos".

De la misma manera, de ser aprobada, la ley obligaría a la Junta a acelerar la rendición de cuentas para que la cuenta general "esté fiscalizada cuando se presente el nuevo presupuesto".

En la misma línea, Maíllo ha señalado que la reforma de la Cámara de Cuentas señala la necesidad de que se planifique cuatrienalmente, y no de año en año como hasta ahora, para que, en una legislatura, se puede prever una visión más completa. El plan cuatrienal se desarrollaría en programas anuales de actuación pudiéndose incorporar a ellas las fiscalizaciones que se pidan por el Parlamento o por otros sujetos legitimados para instar a la fiscalización, por ejemplo el Gobierno, ayuntamientos o el Defensor del Pueblo.

En cualquier caso, dentro de este plan, será la propia Cámara la que priorizase aunque el Parlamento debería ser quien aprobase ese plan cuatrienal. El objetivo para IU es que "se intente planificar una visión panorámica" del sector público andaluz "y no sólo informar".

Relaciones con el parlamento

Maíllo ha explicado que la nueva Ley, en caso de ser aprobada por el Parlamento, plantearía una comisión específica de la Cámara como existen, entre otros, en los parlamentos de Cataluña y Galicia, o como ocurre con el Tribunal de Cuentas en el Congreso de los Diputados.

Así, los informes se podrán seguir presentando ante las comisiones sectoriales del Parlamento, como hasta ahora, pero determinados asuntos se tratarían en la comisión específica, que será una comisión no legislativa, "similar a la de la RTVA". "Este asunto debería ser recogido en el reglamento del propio Parlamento", ha apuntado.

Por otro lado, el portavoz parlamentario de IULV-CA ha explicado que el texto faculta a la Cámara de Cuentas para que haga mociones al Parlamento por iniciativa propia, como actualmente hace el Tribunal de Cuentas. De esta manera, "cuando la Cámara detecte algo que debe cambiarse en el funcionamiento de la administración se lo comunicaría al Parlamento para que éste haga lo que considere pertinente".

Por otro lado, el texto también contempla la posibilidad de poner multas, retenciones y sanciones disciplinarias por no colaboración en casos, por ejemplo, de ayuntamientos y universidades "que no rindan cuentas ante la Cámara".

Organización de la cámara de cuentas

De la misma manera, la proposición de ley presentada por IU también propone una revisión del modelo organizativo de la Cámara de Cuentas, que pasaría por la eliminación de la vicepresidencia y el renombramiento de Presidencia como Consejero Mayor. "Se pasaría de un sistema presidencialista a uno colegiado, reuniendo las competencias principales en el Pleno", ha explicado Antonio Maíllo.

De igual manera, ha puesto el acento en la intención de abrir vías para la participación ciudadana en el control externo, para lo que la propuesta contempla la posibilidad de que los ciudadanos insten a la fiscalización a través del Defensor del Pueblo, hacer propuestas y sugerencias al programa de actividades anual e incorpora a los órganos de participación existentes relacionados con los servicios públicos como por ejemplo los consejos escolares o los consejos de participación de salud en la fiscalización operativa de los mismos.

Con todo, IU plantea esta reforma para que la Cámara de Cuentas "tenga una actualización a los retos que los andaluces exigen en el control de los fondos públicos, tanto de las derivadas de la Junta como de los ayuntamientos andaluces".

Se trataría, de ser aprobada por el Parlamento, de que la Cámara de Cuentas "profundice en la fiscalización, aumente su autonomía, establezca mecanismos de transparencia y control sobre ella misma a través de la capacidad de los ciudadanos de instar a fiscalizaciones, que incorpore como objeto de fiscalización aquellas entidades que se financian por fondos públicos, que incorpore estudios previos sobre procesos de privatizaciones o concesiones administrativas, y que se sitúe en primera línea en la lucha contra la corrupción y las malas prácticas que pueda darse en la administración pública".

Esta proposición de ley, a juicio de Maíllo, "es toda una declaración de intenciones de dónde están las prioridades para el grupo de IULV-CA en esta legislatura y en medidas de transparencia". Además, defiende que "tiene una base jurídica y un articulado solvente".

Entretanto, ha recordado que la reforma de la Cámara de Cuentas estaba entre las prioridades políticas de IU en la pasada legislatura, si bien "no pudo llevarse a cabo", mientras que defiende que "el acuerdo que alcanzaron el PSOE y del PP en el último pleno de la pasada legislatura, constató la necesidad de que se aborde esta reforma".

Esta proposición de ley, "es la constatación de un posicionamiento político que va a definir con claridad cuáles son las propuetsas sinceras sobre este órgano por parte de todos los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza", ha zanjado.