El alcalde de Astillero y candidato del PP a la reelección, Carlos Cortina, cree que su imputación por un posible delito de prevaricación administrativa y otro de tráfico de influencias por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal se reduce a "una posible irregularidad administrativa" por una prestación de servicios por parte de una persona que "se prolongó en el tiempo más de lo previsto", y confía en que una vez tomada declaración quede archivado el procedimiento.

El Juzgado de Instrucción nº3 de Santander ha confirmado la imputación del regidor y candidato del PP por un posible delito de prevaricación administrativa, al que añade otro de tráfico de influencias, por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal, a la que se encargó la elaboración de la relación de puestos de trabajo (RPT) y que también está imputada en la causa.

Tras esta confirmación judicial, el alcalde ha manifestado, a través de un comunicado, que "entiende" que el juez haya considerado "prematuro" el sobreseimiento solicitado por su abogado en relación a las unas diligencias previas por el procedimiento administrativo, y que deriva de "muchas denuncias" que, "durante meses y meses, ha urdido" un funcionario, el "secretario municipal", por lo que es una "trama compleja que lleva su tiempo desmontar".

De todas formas, Cortina ha destacado que el auto es "provisional", por lo que el expediente puede ser "archivado en cualquier momento, como ya ocurrió con anterioridad", ha apostillado. De igual modo, ha subrayado que el juez considere "pertinente" para esclarecer los hechos tomar declaración a las tres personas que ejercieron de interventores en el Ayuntamiento entre 2008 y 2013.

Y ha recalcado también que este procedimiento "no es un juicio", sino que se trata de diligencias previas a instancias del Ministerio Fiscal, como consecuencia del recurso que presentaron los partidos de la oposición tras el archivo del expediente.

Por eso, el regidor de Astillero y candidato del PP confía en que una vez tomada la declaración a los interventores el procedimiento "quede archivado", como ha sucedido "de forma provisional en el caso de la empleada laboral". "Lo que comenzó siendo unas denuncias del secretario por una represalia hacia una empleada municipal que, según él, usurpaba sus funciones", queda ahora "totalmente obviado".

En definitiva, el alcalde de Astillero cree que todo el asunto "se reduce a una posible irregularidad administrativa", por un "contrato menor" y una prestación de servicios por parte de una persona "que se prolongó en el tiempo más de lo previsto" y, entre otras causas, porque el secretario municipal "no cumplió con su obligación de comunicar la fecha de finalización de los contratos". Es decir, que "el que incumplió con su obligación es el que posteriormente realiza la denuncia ante el Ministerio Fiscal", ha concluido.