La asociación ecologista ARCA ha desmentido al consejero de Urbanismo, Javier Fernández, y ha asegurado que es "absolutamente incierto que se haya negociado o se esté negociando nada" con la Consejería en relación a las sentencias de derribo. De hecho, asegura que si bien la Consejería ha informado en dos reuniones a ARCA de los pasos que está dando, las posturas de ambas partes sobre esta cuestión son "antagónicas".

ARCA afirma que la Consejería de Medio Ambiente "intenta mediante argucias legales de todo tipo, como las autorizaciones provisionales, eludir el cumplimiento de las sentencias de derribo en todos los casos que piensa que es posible".

En su opinión, "tampoco está dispuesta a que nadie asuma responsabilidades ni políticas ni de cualquier otro tipo, hasta el punto de que algunos que tuvieron que ver mucho con que los tribunales dictaran sentencias de derribo, aparecen ahora como garantes o asesores de buscar las soluciones a un problema que contribuyeron a generar".

Y para "remate", añade en un comunicado de prensa, "lejos de reflexionar sobre la ausencia de un modelo territorial y las causas que condujeron a esta situación", a su entender la Consejería "ha propiciado una vuelta atrás" en lo que se había avanzado en Ordenación del Territorio, modificando la Ley del Suelo de Cantabria y el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que son "los únicos instrumentos que introducían un cierto "orden" a la hora de urbanizar en Cantabria".

ARCA advierte que mientras la Consejería "persiste en su estrategia que busca alargar los plazos de ejecución para no afrontar ni el cumplimiento de las sentencias, ni las indemnizaciones que correspondan", la asociación ecologista "seguirá actuando ante los tribunales de justicia siempre que observe que se pretende eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales".

Finalmente, ARCA hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que se acuerde, "de una vez por todas", un modelo territorial sostenible a través de una Ley de Ordenación Territorial elaborada de manera "consensuada y participativa". A su juicio, esa es "la única garantía de una seguridad jurídica y de que situaciones como la actual no vuelvan a repetirse en nuestra región".