El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de Seguridad Nacional, que pretende mejorar la respuesta del Estado a los nuevos riesgos y amenazas a la seguridad de los españoles.
Esta es la principal medida aprobada este viernes el Consejo en la reunión presidida en el Palacio de la Moncloa el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la que han asistido todos los miembros del Gabinete excepto el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, de viaje oficial en la capital de Letonia, Riga.
La reunión ha permitido que Rajoy y sus ministros comenten las perspectivas existentes ante las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo. El Gobierno ya aprobó el anteproyecto de ley de Seguridad Nacional el pasado 16 de enero, y el texto fue remitido a los órganos consultivos antes de convertirse en proyecto a partir de este viernes .
Sin suspensión de derechos y libertades
Esta ley regulará los estados de alarma y excepción y tiene como objetivo hacer frente a riesgos y amenazas sin que en ningún caso, como explicó al aprobarse el anteproyecto la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se adopten medidas que comporten la suspensión de ningún derecho fundamental ni libertad pública.
La nueva ley define competencias en materias como la ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad financiera, así como el medio ambiente, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apeló recientemente al consenso con los diversos partidos ante la aprobación de esta norma, que finalmente tendrá carácter ordinario después de que así lo haya apuntado en su dictamen el Consejo de Estado.
Principales puntos de la ley
Los puntos fundamentales del anteproyecto aprobado en enero eran los siguientes:
- Como punto principal, el Estado podrá movilizar recursos públicos y privados para hacer frente a situaciones de crisis que pongan en riesgo la seguridad nacional. En el anteproyectono se concreta cómo se produciría la incautación temporal de bienes privados, que deja para un desarrollo legal y reglamentario posterior, pero establece que la misma debe basarse en los principios de gradualidad, proporcionalidad a la gravedad de la crisis e indemnización por los perjuicios causados a particulares.
- La medida también incluye la posibilidad de que que los cuerpos de policía locales y autonómicos se pongan a las órdenes del Gobierno Español.
- Para aplicar estas medidas serán necesaria la declaración del estado de crisis, que se adopatará cuando el Estado se enfrente una crisis que no pueda abordarse con los medios ordinarios de la Administración. La gran diferencia con la Ley de Alarma, Excepción y Sitio, aprobada en 1981, es que esta se aplica en situaciones más granves, con el intento de golpe del 23-F.
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