Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal y designado fiscal instructor para investigar la creación y liquidación de la empresa mixta Desarrollo Local (DLP) de la localidad valenciana de Paterna, a raíz de una denuncia presentada el pasado mes de marzo por el grupo municipal socialista, que considera que la alcaldesa de la localidad, Elena Martínez, y su predecesor, Lorenzo Agustí, ambos del PP, pudieron prevaricar en esta actuación.

La apertura de diligencias, que según los socialistas se dirige también al exalcalde Lorenzo Agustí, y que lleva fecha de 10 de abril, se produce a raíz de una denuncia presentada el pasado 31 de marzo por el portavoz del PSPV en el consistorio de Paterna, Juan Antonio Sagredo, tras estudiar el expediente de la empresa mixta y advertir "constantes irregularidades" de ambos cargos "en esta sociedad de economía mixta que disolvieron cuatro años después de crearla y sin que llegara a iniciar su actividad".

"Los paterneros no podemos permitir que comience una nueva legislatura de la misma manera que la hemos acabado: con la sombra de la corrupción y de la prevaricación de la mano del PP", ha afirmado Sagredo, que considera una "vergüenza y un descrédito" para Paterna "los constantes escándalos judiciales en los que el PP sumerge a nuestro pueblo por actuar siempre de espaldas a la legalidad".

"demoledores informes"

Sagredo ha señalado que la empresa mixta creada por el PP "ha costado a los paterneros más de un millón de euros (500.000 en memorias y pliegos de condiciones más 700.000 en pérdidas)" y ha subrayado que decidió poner en conocimiento de la Fiscalía estos hechos tras tener acceso "a los demoledores informes que, tanto la Secretaria General y el Oficial Mayor como el Interventor y el letrado municipal del Ayuntamiento emitieron sobre la gestión que ambos dirigentes populares habían realizado" sobre la mercantil ya disuelta.

Según Sagredo, en el caso de Elena Martínez, "adoptó decisiones que menoscaban las arcas municipales" y le acusan de actuar "de manera irregular al participar en la votación de la disolución de Desarrollo Local de Paterna y elevarla a escritura pública sin tener la autorización del pleno", pese a necesitarlo.

En la denuncia, Sagredo argumenta que en cuatro años la sociedad "no llegó a desplegar la actividad a la que estaba obligada conforme a contrato", a pesar de "las reiteradas advertencias de incumplimiento contractual que, desde 2012, la jefa de infraestructuras y el letrado municipal le fueron haciendo llegar por escrito al exalcalde Agustí que, tras ser conocedor de estas irregularidades, no tomó ninguna medida al respecto".

Para Sagredo, "esta explícita dejación en sus funciones de Lorenzo Agustí puede ser constitutiva de presunto delito de prevaricación administrativa ya que ignoró totalmente su obligación, como alcalde, de velar por el cumplimiento de la legalidad y por los intereses y el dinero de los paterneros a los que representa".

Martínez acusa al pspv de mentir

Por su parte, la alcaldesa de Paterna ha acusado al PSPV de "mentir" al afirmar que el cierre de la empresa mixta causó pérdidas para el consistorio ya que "absolutamente todos los gastos derivados de su creación y liquidación fueron asumidos por el socio privado".

Asimismo, ha anunciado en un comunicado que este viernes remitirá a la Fiscalía Provincial de Valencia "toda la documentación municipal relacionada con la empresa mixta para que no quede ninguna duda de que este Ayuntamiento siempre ha actuado conforme a la legalidad".

"Ante la información parcial presentada por el Partido Socialista, nosotros entregaremos todo el expediente porque la Fiscalía no ha tenido aún oportunidad de conocerlo y debe valorarlo en profundidad más allá de las interpretaciones torticeras, malintencionadas y sesgadas realizadas desde el Partido Socialista", ha sostenido.

Al respecto, ha incidido en que los costes de las memorias y pliegos de condiciones "no fueron abonados por el Ayuntamiento sino por el socio adjudicatario" y niega haber actuado de manera irregular en la votación porque se abstuvo "precisamente atendiendo el consejo de los habilitados nacionales".

"El acuerdo de disolución se adoptó con la abstención de la alcaldesa y por tanto sin el voto del Ayuntamiento. El acuerdo de disolución de DLP se acordó con el voto del 64,90% del capital social y fue legal. Esto es algo que el PSOE oculta malintencionadamente", ha manifestado Martínez, quien niega prevaricación y malversación de caudales públicos "cuando es obvio que la creación y liquidación de la empresa no ha supuesto un menoscabo de dinero público.