Tres personas han comparecido este miércoles como investigados en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga dentro de la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Éstos han defendido que cumplieron con las condiciones y requisitos exigidos por la administración.

En este caso han declarado tres personas vinculadas con una empresa a la que se le concedió inicialmente una subvención de 102.000 euros para llevar a cabo un curso de cocina para 15 personas, con compromiso de contratación de nueve alumnos, que se impartió en una escuela de hostelería en virtud de un acuerdo suscrito entre las partes. Ya se realizó la liquidación y se modificó la ayuda hasta los 92.000 euros por quitar la parte correspondiente a un alumno.

Han comparecido la administradora de la empresa, el apoderado y persona que se dedicaba a la organización —que era profesor en un instituto— y una profesora y administrativa en la misma sociedad que impartió el curso. Según fuentes judiciales, han defendido que la formación se desarrolló y que cumplieron con los requisitos que se pedía. Además, en este caso han indicado que durante la formación sí fue un inspector.

Asimismo, las fuentes han señalado que, sobre el compromiso de contratar al 60 por ciento de los alumnos tras terminar el curso, han apuntado que convocaron mediante burofax a cinco alumnos en una notaría para la contratación y que no se presentaron; mientras que a otro alumno lo contrató la propia sociedad, pero estuvo pocos días y renunció, y otros tres fueron contratados por otra empresa relacionada con el sector.

Esta es otra de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas del 15 de diciembre de 2010. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en otras 10 subvenciones concedidas a otras tantas sociedades.

En general, se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior, en relación con varias empresas.

Los investigadores relataban que las supuestas irregularidades se habrían producido tanto previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores, y también posteriores, al incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o por la falta de control o falsedades en los partes de asistencia.

Por el momento, han comparecido ante el instructor 16 personas relacionadas con cuatro empresas. Aparte de ésta dedicada a temas de hostelería, las anteriores habían impartido cursos de soldadura de estructuras metálicas, de auxiliar de protésico dental y de peluquería. En todos los casos, han defendido la legalidad de su actuación y el cumplimiento de lo acordado.

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