La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha resaltado este miércoles que las supuestas irregularidades cometidas durante la ampliación de El Musel "ya no son una intriga política ni un clamor de la opinión pública", sino que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. "Cuesta creer que la trama del Puerto quede circunscrita a los gestores", ha apuntado respecto a la imputación por este caso del ex presidente y el ex director de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato,

En esta misma línea, Moriyón, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa, ha visto difícil de entender que los responsables políticos existentes en la región cuando se aprobó la ampliación de El Musel no estuvieran "al tanto" de lo que pasaba, entre los que ha citado al ex presidente regional Vicente Álvarez Areces e incluso el actual, Javier Fernández, que era ya secretario general de la FSA-PSOE. A ambos ha pedido "un mínimo de respeto" a los asturianos y que den la cara.

Incluso, ha hecho extensiva la petición de explicaciones al actual candidato socialista a la Alcaldía de Gijón, José María Pérez, quien era miembro del Consejo de Administración del Puerto gijonés en aquellas fechas en las que se aprobó la ampliación portuaria.

La regidora, candidata de Foro a la reelección, ha señalado que estas imputaciones vienen a concretar en instancias judiciales lo que era "un clamor de la opinión pública asturiana", ha asegurado.

Por todo ello, ha indicado que habrá que esperar a que se aclare todo el asunto en instancias judiciales para saber "la verdad". Ha recordado, unido a ello, que en la pasada campaña electoral de las elecciones europeas el PSOE "ocultó" la información sobre el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), para después añadir que fue "una auténtica vergüenza" que luego llevaran al Consejo Consultivo para ver si los asturianos tenían derecho a conocer su contenido. Moriyón ha incidido, además, en que el PSOE llegó a tildar de "exagerado" el informe de la OLAF, cuando ahora es la Audiencia Nacional quien investiga los hechos.

Citados a declarar

Cabe recordar que el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, nombrado juez de enlace de Francia, ha llamado a declarar en calidad de imputados a Rexach y a Díaz Rato para el próximo junio.

El primero será interrogado el próximo 24 de junio a las 10.00 horas, mientras que un día después comparecerá Díaz Rato a la misma hora ante el juez Eloy Velasco, que sustituye temporalmente a Gómez Bermúdez tras su nombramiento como juez de enlace y hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a su sucesor.

En una providencia dictada el pasado jueves, un día antes de su cese como juez instructor, Goméz Bermúdez citó además a nueve personas que intervinieron como gerentes de la adjudicataria unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres para que declaren en calidad de testigos el próximo 18 de junio, desde las 10.00 horas. En concreto, son Ana Isabel Dizy, Manuel Amaro, Guillermo Castañedo, Isidro Alonso, Miguel Eguiegaray, Antonio Manuel Alvargonzález, Juan Miguel Pérez, David López y Manuel García.

El Juzgado Central de Instrucción número 3 pide además a la UTE Cabo Torres, adjudicataria del contrato de asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras de ampliación del puerto de Gijón, que aporte en el plazo de quince días la totalidad de informes mensuales emitidos sobre la supervisión de las "obras-control de obra, en los cuales se especificaban las cantidades de material suministrado por todas las canteras utilizadas en cada periodo mensual de la ejecución de las obras", con el apercibimiento de que si no los entrega podría incurrir en un delito de desobediencia grave.

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