La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, ha destacado este miércoles, en una visita al centro de la Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y su Comarca (Adipa), la importancia del trabajo compartido con el movimiento asociativo en discapacidad.

En este centro de Antequera (Málaga) la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía, tiene 163 plazas concertadas, destinadas a la atención de personas con discapacidad.

Sánchez Rubio ha considerado los servicios prestados por Adipa "un reflejo de la atención específica que ofrece la Ley de Dependencia en Andalucía a las personas con discapacidad, para adecuarse en mayor medida a las necesidades de cada una de ellas".

Las plazas concertadas por la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía en Adipa están distribuidas en un centro residencial para gravemente afectados (34 plazas), dos viviendas tuteladas (20 puestos), una unidad de estancia diurna (30) y otra de estancia diurna con terapia ocupacional (79).

La titular andaluza de Políticas Sociales ha puesto de manifiesto "la importante labor que desempeñan las personas que trabajan en este tipo de centros, que cada día promueven el desarrollo y la integración plena de 60.000 personas con discapacidad intelectual en Andalucía".

Adipa es una asociación que trabaja para la mejora continua de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias. Tiene como objetivo la atención en las áreas asistencial, ocupacional y laboral, con la finalidad de fomentar la integración social de este colectivo.

Ley de discapacidad

Desde Andalucía se ha impulsado la nueva Ley de Derechos y Atención a Personas con Discapacidad, que tiene por meta promover la inserción y la autonomía de este colectivo, tal y como ha subrayado la consejera en funciones.

La futura normativa, cuyo anteproyecto está aprobado por el Consejo de Gobierno, tiene entre sus principales objetivos primar la garantía de derechos más allá del enfoque asistencial; priorizar las políticas de empleo dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades, y garantizar el acceso universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación y/o servicios sociales.

El anteproyecto obliga a la Administración a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, en el que se incluye la reserva de un cinco por ciento de determinados contratos públicos de la Junta a centros especiales de empleo.

También contempla la reserva para personas con discapacidad del tres por ciento de las plazas de los cursos de formación y de al menos el cinco por ciento de las de los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.

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