La jueza del llamado 'caso Racing' ha citado a todas las partes a una comparecencia el próximo 2 de junio, a las 10 horas, para concretar la imputación de los exconsejeros Francisco Javier López Marcano y Angel Agudo, así como de Luis Eguskiza y Jacobo Montalvo, encausados por un posible delito de malversación en la operación de compraventa del club.

La comparecencia se ha fijado a través de una diligencia de ordenación de la secretaria judicial de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que también se ordena la remisión de una copia de las diligencias a los juzgados de instrucción y a la Sala de lo Penal para que se investiguen tres asuntos en los que la magistrada Paz Hidalgo ha hallado indicios de delito durante la instrucción.

La diligencia está fechada el 14 de mayo y se emite en cumplimiento de lo ordenado por la jueza en el auto de 11 de mayo que puso fin a la instrucción de la causa derivada de la querella de la empresa pública Cantur, y ordenó la incoación del procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado.

La 'vistilla' se ha convocado sin esperar a la resolución de los recursos anunciados por los imputados contra este auto, en el que la jueza considera acreditado que ocasionaron un perjuicio económico de seis millones de euros a Cantur y otros 250.000 euros a CEP, de los que declara responsables solidarios a todos los imputados por malversación y subsidiario a Dumviro.

IMPUTADOS

Se trata del que fuera consejero de Economía y presidente de CEP Cantabria, Ángel Agudo, presidente del PSOE; de quien ejercía como director gerente de dicha mercantil pública, Luis Egusquiza; y del que fuera consejero de Educación, Cultura y Deporte, y presidente de Cantur, Francisco Javier López Marcano, diputado regional del PRC y miembro de la candidatura regionalista al Parlamento.

La magistrada Paz Hidalgo también imputa estos delitos al administrador de Dumviro -la empresa que vendió sus acciones en el Racing a WGA Sports-, por considerarlo cooperador necesario en la ejecución de tales conductas delictivas. Asimismo, estima que Emiliano Garayar, contratado por CEP Cantabria como asesor para estas operaciones, es cooperador necesario del delito de fraude a ente público.

Según se explica en el auto, cabría calificar la malversación integrándola en su subtipo agravado del Código Penal, por la especial gravedad de las cantidades sustraídas, de modo que la pena a imponer oscilaría entre los cuatro y los ocho años de prisión, así como una inhabilitación absoluta de diez a veinte años.

En cuanto al supuesto delito de fraude a ente público, el Código Penal prevé una condena de uno a tres años de prisión, y de seis a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Tres investigaciones nuevas

La magistrada ha hallado indicios de posibles delitos en la recompra a Alcalá 120 -empresa de la familia Montalvo- de las participaciones del Ecoparque Besaya; en la contratación del asesor Emiliano Garayar por parte de CEP Cantabria; y en la aplicación de las subvenciones del Gobierno de Cantabria al Racing a fines distintos de aquellos para los que fueron concedidas.

Y ha ordenado remitir copia de las diligencias a los juzgados de instrucción en los dos primeros casos, y a la Sala de lo Penal del TSJC en el tercer caso por la condición de aforado del exconsejero de Deportes, Francisco Javier López Marcano.