Ya son 19 los detenidos por mofarse en Internet de víctimas del terrorismo o desear la muerte de políticos y empresarios

Entre ellos se encuentra Andeka Jurado, de 32 años, quien ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 2006 por kale borroka

La Guardia Civil ha detenido ya a 19 personas, una en Vigo, a las que acusa de haber enaltecido el terrorismo en la redes sociales a través de comentarios en los que se celebraban los asesinatos de fuerzas de seguridad o se deseaba la muerte de políticos, jueces y empresarios así como burlas a víctimas concretas del terrorismo. Hay comentarios haciendo apología tanto de ETA como de los Grapo o Terra Lluire.

Según el último recuento ofrecido por el Ministerio del Interior eran 16 los arrestados, diez de ellos en el País Vasco y uno en Galicia, M.L.M., arrestado en Vigo. No obstante el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz admitía que la operación aún no estaba terminada y se esperan nuevos arrestos. Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que en los últimos minutos se han producido al menos tres detenciones más. La previsión inicial era arrestar a 23 personas, según las mismas fuentes.

El Instituto Armado ha detenido además a al menos otras dos personas en Cataluña, y el resto en Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia. La operación, denominada 'Araña-III', ha sido dirigida y coordinada por la Audiencia Nacional, en concreto por el Juzgado Central de Instrucción número 1 que dirige Santiago Pedraz y por la Fiscalía.

Colaboración ciudadana

Interior recuerda que estos comentarios eran "de acceso público y, por tanto, accesible a cualquier usuario de Internet" y aseguran que en esta operación "ha sido clave la incesante colaboración ciudadana, principalmente a través del portal de Internet 'Colabora' de Guardia Civil y de los perfiles oficiales en redes sociales del Cuerpo".

La mayor parte de los comentarios las hacían bajo otras identidades o pseudónimos por lo que fue necesaria la intervención de analistas de Información, expertos en la obtención de elementos contenidos en fuentes abiertas. Para realizar estas labores, se han apoyado en herramientas de búsqueda y análisis de la información existentes en las redes sociales de mayor implantación como twitter y facebook.

En muchos de los casos los comentarios se mandaban desde el móvil a las redes sociales por lo que los investigadores de la Guardia Civil han incautado los teléfonos a estos detenidos, que permanecerán en sede judicial. La operación realizada hoy es continuación de las denominadas 'Araña-I' y 'Araña-II', desarrolladas en mayo y noviembre de 2014 y en las que fueron detenidas 40 personas por realizar las mismas actividades delictivas.

Primeras condenas

Como consecuencia de esas detenciones ya se han celebrado diversos juicios en los que ha recaído sentencia condenatoria sobre las personas detenidas por los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Precisamente la Audiencia Nacional dictó este mes de mayo sus dos primeras condenas contra dos menores de edad por enaltecer a ETA en las redes sociales.

Ambos menores —uno de ellos representado por un abogado que habitualmente defiende a militantes de ETA— llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y aceptaron la imposición de seis meses de tareas socioeducativas.

El grueso de las detenciones ha tenido lugar en el País Vasco. En Baracaldo (Vizcaya) ha sido arrestado Andeka Jurado, de 32 años, quien ya fue condenado por la Audiencia Nacional en 2006 por kale borroka, según los datos recogidos por Europa Press.

Entre las frases que motivaron la operación de noviembre se encontraban comentarios en los que se insultaba gravemente al concejal asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco o mofas sobre otras víctimas y atentados históricos de la banda como el de la Casa Cuartel de Vic en el que murieron cinco niños. Además, se piden atentados contra políticos como Rajoy, Rubalcaba o Esperanza Aguirre o la Infanta y el Rey Felipe VI.

El actual Código Penal contempla penas de hasta dos años de prisión por este delito, si bien la reciente reforma de esta ley impulsada por el Gobierno y en concreto el pacto antiyihadista pactado con el PSOE —que no entra en vigor hasta el 1 de julio— ya eleva esta pena hasta los tres años por lo que se abre la puerta a entrar en prisión pese a no contar con antecedentes.

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