El dueño de la clínica dental de Santander acusado de estafar 110.000 euros a 45 clientes y huir a México ha manifestado que era "consciente" de su responsabilidad civil como administrador de la empresa, pero "nunca" pensó que "estaba engañando a nadie".

Así, F.M.C. ha defendido que no hubo "mala intención" en lo ocurrido sino que, por el contrario, le "dolió tener que cerrar la clínica", que fue embargada por deudas a la Seguridad Social por más de 100.000 euros.

En el derecho a la última palabra del juicio celebrado contra él, que comenzó ayer en la Audiencia de Cantabria y que hoy ha quedado visto para sentencia, el acusado ha alegado que "siempre" dijo la verdad a sus empleados acerca de la situación económica de la empresa, y lo hizo "con los papeles sobre la mesa", según ha apostillado.

Así, la intención del acusado, en prisión por estos hechos y que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel de la Fiscalía, era "ganar tiempo" para "sacar adelante" y "sanear" la clínica, y hacerlo además "con transparencia" ante los empleados. No obstante, ha reconocido que les dejó "tirados" tras el cierre de la clínica y su marcha a México y, también, debiéndoles "un mes de sueldo".

Estos y otros extremos han sido corroborados por los trabajadores testigos que han declarado como testigos en el juicio, en el que también han prestado declaración varios pacientes.

Los pacientes pagaban por adelantado

Todos ellos han coincidido en que pagaron por adelantado, incluso antes de que F.M.C. llegara a la empresa, a mediados de 2012, tratamientos que no les terminaron por el cierre de la clínica, en febrero de 2013, por lo que quedaron incompletos en unos casos mientras que otros tuvieron que abonar de nuevo la parte que quedó pendiente y que realizaron otros profesionales.

En la sesión ha declarado un paciente que pagó por adelantado 10.000 euros por la totalidad del tratamiento, y al que con el embargo y el cierre de la clínica le quedó por realizar la parte equivalente a "2.000 euros y pico", y que tuvo que pagar de nuevo para que se lo concluyeran en otra clínica.

Algo que también ocurrió a otros testigos, que igualmente pagaron por adelantado, porque así les hacían "descuentos", y a los que tampoco les terminaron el tratamiento, sino que se los acabaron en otras clínicas pagando de nuevo.

Sin embargo, un hombre ha señalado que se vio "mal" para adelantar el dinero -incluso pidió un crédito al banco que le denegaron- por lo que no ha ido a otro dentista a que le concluyan el tratamiento. "Llevo 18 meses sin nada", ha lamentado, en alusión a su situación económica.

Informó a los empleados de la situación de la empresa

Además de los clientes, en la sesión también han declarado algunos trabajadores, como una recepcionista e higienista y un odontólogo, que han señalado que el dueño y administrador les tenía al tanto de los problemas económicos de la empresa y de la existencia de una deuda "muy grande" con la Seguridad Social, derivada de la anterior empresa que explotaba la clínica.

F.M.C. también comentó la situación económica de la empresa a una mujer que trabajaba junto al local de la clínica, y a la que pidió un trabajo-puente para optar a cobrar el paro cuando se fue a México, aunque ésta se lo denegó, según ha indicado en el juicio.

Por su parte, la responsable de la asesoría que prestaba sus servicios a la clínica dental ha indicado que ante el "serio" problema que tenía con la Seguridad Social y la orden de embargo, y de lo que "tenía perfecto conocimiento" el dueño, le aconsejó que solicitara concurso voluntario de acreedores, para parar temporalmente la ejecución del mismo.

Pero "no lo pudo hacer" porque carecía de "dinero", de modo que "llegó el embargo" y no hubo "nada que hacer", según ha relatado la trabajadora de la asesoría.

"perfil clásico de un estafador"

En la sesión, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones, de modo que el fiscal mantiene que los hechos constituyen una estafa, porque ha habido "ánimo preordenado, engaño y responsabilidad", ya que ofrecía una rebaja del tratamiento si los clientes pagaban por adelantado y "a sabiendas" del embargo de la Seguridad Social que pesaba sobre el negocio.

A su juicio, los descuentos eran un "señuelo" para cobrar por anticipado y obtener "liquidez inmediata", pese a que F.M.C. era "consciente" de las dificultades para concluir los tratamientos. De este modo, proyectó el "riesgo" existente sobre sus empleados, de los que se "despreocupó" al marcharse, y los clientes, que son "las víctimas" de la estafa.

Así, a ojos del representante del Ministerio Público, F.M.C. responde al "perfil clásico de un estafador", y le considera autor de un delito de estafa continuada por el que, además de cinco años de cárcel, pide una multa de unos 2.000 euros y que sea condenado a indemnizar a los afectados en la cuantía de lo estafado y que se declare a la clínica dental como responsable subsdiario.

La Acusación Particular, ejercida por una de las clientes afectadas, se adhiere a las conclusiones y peticiones de la Fiscalía, con la agravante de abuso de confianza, ya que el marido de su patrocinada era amigo del director médico de la clínica.

Por su parte, la defensa del acusado se ha mostrado disconforme con ambos relatos, y ha insistido en la presunción de inocencia para el dueño de la clínica y en que los hechos no constituyen infracción penal alguna, por lo que ha solicitado su absolución.

Según ha argumentado su letrado, F.M.C. llegó a la empresa en un "momento difícil", cuando ésta atravesaba una "mala" situación, pero su intención fue "en todo momento reflotarla y sacarla de la ruina", pues creía que era "un negocio rentable".

A juicio de este abogado, su cliente "pecó de confianza" al pesar que podía "tirar para adelante" con el negocio pese a la orden de embargo. Y ha reflexionado para finalizar que si éste no hubiera sido "tan salvaje" y no se hubieran "llevado todo" de la clínica, "quizá (F.M.C.) podía haber continuado su actividad".