Abogados de tres agentes de la Guardia Civil destinados al Servicio de Aduanas del Aeropuerto de Manises (Valencia), que se han sentado este lunes en el banquillo de los acusados por presuntamente pertenecer a una trama china de blanqueo de capitales, han solicitado la absolución para sus representados tras alegar que se deben declarar nulas tanto las intervenciones telefónicas como la cadena de custodia de las pruebas, entre otros asuntos.

Junto a estos tres guardias civiles, también se han sentado en el banquillo de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia otras cinco personas, de nacionalidad china, a quienes el ministerio fiscal acusa de delito de contrabando, delito continuado de falsedad en documento público, cohecho y pertenencia a grupo criminal. La fiscal pide una pena de 16 años y medio de prisión para los tres guardias civiles y para el principal cabecilla chino de la trama, mientras que para el resto reclama 11 años y medio.

Durante las cuestiones previas que se han expuesto este lunes en la Sala, los abogados de los acusados han pedido la absolución para los mismos al entender que son nulas las pruebas en las que se sustenta la acusación. La principal, según han relatado, son las intervenciones telefónicas. Según han puesto de manifiesto, las mismas se autorizaron sin fundamento y sin indicios claros, así como las prórrogas de estas intervenciones. "De la solicitud de las mismas se desprende un ánimo espúreo de la Policía", ha llegado a decir una de las defensas.

Así mismo, han pedido la nulidad de la obtención de las imágenes de distintas cámaras repartidas por el Aeropuerto de Manises, por atentar contra su derecho a la intimidad; así como la cadena de custodia de las pruebas, puesto que mantienen que desde que la Policía interceptó supuestamente el dinero de los acusados, "éste pasó hasta por cuatro manos distintas". Además, han sostenido que inicialmente se anotó una cantidad intervenida, y luego se sumaron casi 100 euros más.

Fiscalía ha rechazado todos estos argumentos y ha pedido al tribunal el mantenimiento de estas pruebas para el acto de juicio. Sobre las escuchas, ha indicado que había suficientes indicios para autorizarlas judiciales. "La solicitud estaba suficientemente motivada", ha apostillado.

Sobre las cámaras instaladas en el aeropuerto, ha señalado que "en principio siempre han de presumirse legales", y ha dicho que era "evidente" y "conocidos por todos" la colocación de estos dispositivos "por seguridad", por lo que ha negado que se vulnerara con ello algún derecho de los acusados.

En relación con la cadena de custodia de pruebas, la fiscal ha afirmado que hubo un "error" en el recuento inicial del dinero, pero que luego se subsanó. También ha defendido que quedó específicamente redactado en un oficio policial el procedimiento de la cadena de custodia, y ha agregado que por parte de las defensas "en ningún momento" se ha concretado cuando se rompe esa cadena ni quién lo hace. El tribunal, tras estudiar estos argumentos durante poco más de 15 minutos, ha indicado que se pronunciará en sentencia y que mañana se retomará la vista con las declaraciones de los acusados.

La trama

Los acusados se dedicaban desde julio de 2013 hasta septiembre del mismo año, de forma coordinada y concertada, con distribución de funciones y tareas entre ellos, a extraer elevadas sumas de dinero en metálico de España con destino a China a través del Aeropuerto de Manises, "de manera oculta y sin realizar los trámites legales para la declaración de los importes en los Servicios de Aduanas", según mantiene la fiscal en su escrito de calificación provisional.

Para llevar a cabo esta actividad, el cabecilla chino se encargaba de dar instrucciones a los 'correos', que eran los que se encargaban de viajar al extranjero, recoger y facilitar el dinero para su envío fuera de España, así como gestionar los billetes de vuelo con ayuda de uno de los guardias civiles.

Así mismo, otro agente, en su condición de sargento de la Guardia Civil destinado en la sección fiscal y desarrollando su trabajo en funciones de Resguardo Aduanero, aprovechando su facilidad de acceso y movilidad en las instalaciones aeroportuarias, se dedicaba a pasar el dinero al interior del aeropuerto eludiendo los controles de embarque, así como a confeccionar y sellar documentos de declaración de movimiento de medio pago, que posteriormente se entregaban a los 'correos'.

Los otros dos guardias civiles acusados introdujeron el dinero en el aeropuerto sin pasar los controles de embarque —siempre según el mismo relato del ministerio público—. En compensación por todo ello, recibían una retribución en metálico. Dos de los acusados, un agente y un 'correo', fueron detenidos en los baños del aeropuerto cuando el primero entregaba al segundo una mochila con 520.000 euros y el salvoconducto para pasar los controles sin problemas.