La Junta de Andalucía ha anunciado que tras las elecciones municipales del 24 de mayo tiene previsto sentarse en una misma mesa con los sindicatos de función pública para impulsar un decreto ley donde se reconoce la antigüedad a los funcionarios interinos en los concursos de méritos.

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública han asegurado a Europa Press que respetan el dictamen emitido en su día por el Consejo Consultivo, que va en línea con la petición efectuada por la CE a través de una carta, donde apunta que sancionará a España si la Junta no reconoce la antigüedad de los funcionarios interinos en los concursos de méritos antes de ingresar como funcionarios de carrera.

Los sindicatos CCOO y ISA (antigua Ustea) se han mostrado a favor de esa petición de la CE, mientras que el Sindicato Andaluz de Funcionarios lo considera "una medida y una decisión política" y cree que esa carta "no puede contradecir lo que los tribunales han dicho".

Según ha informado este lunes 'Diario de Sevilla', la Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en la que considera que las autoridades españolas, apoyadas por una serie de sentencias de los tribunales de Andalucía, "ha incumplido las obligaciones de reconocer la antigüedad de los funcionarios interinos en los concursos de méritos antes de ingresar como funcionarios de carrera". La carta, fechada el 26 de marzo, da dos meses al Gobierno para enviar sus observaciones. Esta carta supone el inicio formal de un procedimiento de infracción al Estado español, habitualmente una multa económica.

Fuentes del SAF, que desconocen el contenido de esa carta, a la que no han tenido todavía acceso, han indicado a Europa Press que esa carta "es sólo una carta y no puede contradecir lo que el TSJA y el TC han dictaminado".

Ha recordado que Ustea "utilizó su influencia en el Gobierno de la Junta para presentar una denuncia ante la Comisión Europea", por lo que considera que "es una decisión política", tras lo que ha recordado las sentencias del TSJA y del TC.

El SAF considera que "no hay ninguna decisión del TJUE donde diga que el Gobierno central o la Junta hayan infringido alguna norma, por lo que esto es una cuestión política".

"En Andalucía esos méritos de los servicios previos ya se les valoró en el concurso; por lo que esto es una decisión política de la UE", ha añadido el SAF, que advierte de que va a defender la legalidad vigente "pues hay sentencias y doctrina y hay creada jurisprudencia donde dice que son los jueces del estado miembro los que deben valorar si se cumple o no; y en este caso los jueces han dicho que no se incumple nada".

Por tanto, insisten en asegurar que "es una batalla política donde se quiere soslayar las sentencias de los tribunales". Ha añadido que "la Constitución y el Estado dicen que los poderes públicos son los primeros en guardar y hacer guardar la ley y acatar las sentencias de jueces y tribunales, por lo que se trata de un tema político no jurídico; esto es una cabezonería de la Junta, y que ya viene de lejos".

"Actuaremos para defender el Estado de Derecho y la ley, pues la ley está para que la cumplamos todos", ha aseverado SAF.

Posición de ccoo y ustea

Por su parte, fuentes de CCOO ha pedido que "sobre todo se cumpla con la legalidad para evitar jaleos en los concursos" y han recordado que la directiva europea "es de obligado cumplimiento", por lo que "se debe modificar la ley y después modificar el decreto para que haya seguridad jurídica y evitar judicialización y evitar que se sancione a España por no cumplir las condiciones".

Fuentes de CCOO han precisado a Europa Press que en la Junta "hay ley y decreto ley que regían los concursos, ha habido sentencias contradictorias en diferentes concursos e incluso el último concurso se cambiaron criterios a la mitad del proceso".

"Abogamos por la legalidad en los procesos, por lo que será el legislador; habrá que esperar a que el Parlamento modifique la ley y habrá que modificar la ley para que no tenga que judicializarse", ha añadido CCOO, que insiste en que su postura "siempre ha sido hacia la directiva de obligado cumplimiento", tras lo que ha pedido al resto de partidos un posicionamiento sobre este tema.

Por su parte, Iniciativa Sindical Obrera (antigua Ustea) reconoce que se siente "satisfecho" al ver que "la Unión Europea reconoce la discriminación sufrida por el personal funcionario interino de la Administración General de la Junta de Andalucía por no haberse tenido en cuenta la prohibición de diferencia de trato que se regula en la Directiva del Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la Unice y el CEEP sobre trabajo de duración determinada y las diversas sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".

Han recordado en una nota remitida a Europa Press que "las personas que hoy conformamos Iniciativa Sindical Andaluza (ISA) somos quienes hemos hecho posible que se haya abierto el procedimiento de infracción del Derecho de la Unión Europea contra el Estado Español por incumplimiento de la Directiva, puesto que por a través de quejas de personas concretas llevamos años reivindicando este incumplimiento mediante acciones sindicales que han llevado a la Comisión Europea a iniciar el procedimiento de infracción".

ISA ha recordado que Andalucía "es la única comunidad autónoma que no reconoce este tiempo de experiencia previa desde la publicación del Decreto 2/2002, a pesar de que el Consejo Consultivo de Andalucía ha emitido varios dictámenes, el último en fecha reciente, en los que siempre ha recomendado a la Junta que debía reconocer la antigüedad como hace la Administración general del Estado desde hace más de 30 años, otras comunidades y la Administración local, y en este sentido el Decreto 528/2004 modificó el Decreto 2/2002".

Ha precisado que en 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "declaró nula la modificación que reconocía el derecho a valorar la experiencia previa a la adquisición de la condición de funcionario en los procesos de provisión y promoción de puestos".

Ha apuntado que "a pesar de la normativa y la jurisprudencia europea, hasta ahora el Alto Tribunal Andaluz ha fallado en contra de la valoración de estos servicios previos", por lo que espera que ahora "pueda resolverse y restituirse cuanto antes el derecho de todo el personal afectado por estas medidas discriminatorias que hemos sufrido durante años".