El auto del TSJA, notificado el pasado 14 de abril y recogido por Europa Press, responde a las acciones judiciales promovidas por Ecologistas en Acción, contra la prórroga de la explotación de este yacimiento de piedra caliza en la sierra de Morón. El colectivo ecologista había impugnado ya por la vía Contencioso Administrativa "la negativa de la Junta a declarar la caducidad definitiva de la concesión minera una vez que en diciembre de 2012 se cumplieron los primeros 30 años de explotación", ampliando su recurso con la autorización de la prórroga en 2014, extremo por el cual el TSJA solicita el expediente relativo a la autorización de la prórroga.

En concreto, fue allá por 1985 cuando las autoridades aprobaron esta concesión administrativa para que la empresa Sidemosa explotase cuatro cuadrículas mineras en este espacio de la Sierra de Esparteros, toda vez que en 1996 la superficie de la explotación fue ampliada a nueve cuadrículas mineras.

Pero después, Sidemosa solicitó una prórroga de la concesión administrativa ante la expiración de la misma. La prórroga cuenta con una declaración de impacto ambiental que declara "viable" la continuidad de las labores de extracción, estipulando eso sí toda una serie de condiciones. "El proyecto de prórroga supone una superficie de actuación superior a la del proyecto original (...), si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del Plan de Restauración aprobado en fecha 19 de octubre de 2002", figura en la declaración de impacto ambiental, recogida por Europa Press.

Prórroga autorizada

El pasado 19 de febrero de 2014, según una comparecencia parlamentaria de la ahora consejera en funciones de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo "dictó resolución favorable otorgando una prórroga del periodo de vigencia de la concesión de la explotación", extremo que despertó no pocas protestas entre los colectivos ecologistas. La consejera, en ese sentido, defendía que la concesión administrativa cuenta con "medidas compensatorias para la zona de monte".

La consejera explicaba que a través de esta prórroga, y por motivos de seguridad", la superficie del yacimiento pasa de las 19,5 hectáreas actuales a un total de 20 hectáreas. "Lógicamente, el trámite de evaluación de impacto ambiental contempla medidas compensatorias para esta zona de monte. La actividad se centra en finalizar la explotación sobre los bancos actuales y avanzar la extracción del recurso en profundidad, 40 metros por debajo de la actual plaza de cantera", explicaba la consejera esgrimiendo la obligatoriedad de acometer "labores de restauración de manera simultánea a las labores de extracción".

Ecologistas en Acción, no obstante, avisaba en aquellos momentos de un posible "trato de favor" hacia Sidemosa en la declaración de impacto ambiental, pues la misma omitiría "las especies de fauna que se verán afectadas gravemente en caso de que se reabra la cantera" y no incluiría ningún "informe geológico o hidrológico independiente sobre el acuífero que hay bajo de la cantera, tomando como válido el presentado por la empresa", entre otros aspectos.