En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Primera de la Audiencia Provincial condena al acusado a un año y tres meses de prisión por un delito de apropiación indebida y a un año y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El imputado deberá pagar además una multa de 2.700 euros y, en concepto de responsabilidad civil, indemnizará con 80.820,11 euros a la entidad bancaria.

El tribunal considera probado que, entre enero de 2006 y septiembre de 2008, "con ánimo ilícito de enriquecimiento y aprovechándose de su posición de subdirector de la oficina", dispuso a su favor de 80.600 euros de las cuentas de los clientes sin la autorización de éstos "y con la intención de incorporarlos definitivamente a su patrimonio".

Así, y "con el fin de lograr sus propósitos", realizaba anotaciones contables ficticias para cuadrar las cuentas de la oficina bancaria y confeccionaba contratos ficticios de imposición a plazo fijo, aprovechando la avanzada edad de algunos de los clientes.

Desde su terminal informático, el acusado realizaba reintegros por cantidades que compensaba con fondos detraídos de otras cuentas sin la autorización de sus titulares, todo ello a fin de que coincidieran con el saldo que el cliente consideraba correcto.

El acusado, de este modo, se apropió de 43.500 euros de una cuenta entre agosto de 2006 y septiembre de 2008, mientras que de una segunda cuenta se apropió de 10.100 euros entre abril y septiembre de 2008, a lo que se suma que dispuso fraudulentamente de otras dos cuentas.

Según el tribunal, el acusado empleaba su propia cuenta nómina para ingresar el dinero sustraído y cubrir algunas faltas en las cuentas de los clientes, mientras que también llegó a utilizar la cuenta de su pareja, en la que figuraba como autorizado.

En total, el imputado dispuso a su favor de 80.600 euros, cantidad que la entidad bancaria ha reintegrado a sus legítimos titulares y que reclamó al acusado, así como 220,11 euros abonados por la entidad a una cliente en concepto de intereses por la imposición a plazo fijo ficticia constituida por el imputado sobre 28.000 euros.

En el juicio, el acusado mostró su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía.