Las familias de los tres jóvenes de 15, 17 y 21 años que fallecieron en un accidente en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008 se han quejado de la "falta de transparencia" del Ministerio de Justicia para ofrecerles información de la tramitación del indulto al responsable del siniestro, una medida de gracia que rechazan.

De hecho, después de que la Audiencia Provincial de Granada se mostrara a favor de que la pena impuesta en un principio el conductor homicida, Rafael H.G., de tres años y tres meses de prisión, le sea conmutada por la de dos años de cárcel, multa y trabajos en beneficios de la comunidad, reclamaron el informe elaborado, pero el Ministerio, en un oficio de fecha 10 de marzo de este año se limitó a contestarles que no podía trasladarles el expediente, y que lo solicitaran al tribunal sentenciador.

Por ello, el día 20 de febrero y el 22 de abril se dirigieron ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, a la que han pedido amparo, según ha indicado a Europa Press el letrado Manuel M. Ocaña, que representa a los padres de las víctimas.

El Gobierno ya le concedió el indulto parcial al condenado el 21 de diciembre de 2012, pero el Tribunal Supremo lo revocó parcialmente entendiendo que debió ser la Audiencia y no el Juzgado de lo Penal 2 de Granada el órgano que tenía que haber emitido el informe correspondiente que sirvió al Ministerio de Justicia para acordar la concesión de esta gracia.

"Y cuando le pedimos a la Sección Primera de la Audiencia Provincial que tramite el expediente judicial de propuesta del informe, esta vez sin errores, nos niegan todos nuestros escritos. Nos obliga a constituirnos como parte y, además de la negativa de recibirlos en audiencia real ante el Tribunal (como dice la Ley) lo hace a través del Juzgado de Paz en un frío escrito. Y cuando tienen el Informe, en lugar de darnos a conocer su contenido lo omite", ha lamentado el abogado que representa a las familias.

En su opinión, el Ministerio está manteniendo una actuación "contraria al espíritu de la transparencia en la tramitación de los expedientes administrativos", y que supone una "interpretación restrictivamente literal de la norma" que vulnera el derecho de los ciudadanos al acceso a cualquier expediente administrativo que les afecte como interesados, "máxime en un tema tan sensible como la concesión de un indulto".

El portavoz de las familias y padre de una de las víctima, Manuel Hidalgo, considera además que el Ministerio de Justicia "está esperando la oportunidad de conceder el indulto pasado este año electoral, con el fin de que no perjudique la imagen del Gobierno".

Si finalmente el ejecutivo de Mariano Rajoy concede al conductor homicida de nuevo el indulto, las familias están dispuestas a plantear una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "que a buen seguro sería estimada", según ha indicado Manuel M. Ocaña.

Proceso judicial

Tras la sentencia del Supremo que revocaba parcialmente el indulto, las familias presentaron un escrito ante la Audiencia, solicitando, entre otras cosas, que se anulara la suspensión de la pena privativa de libertad al condenado, teniendo en cuenta que, antes del indulto, había sido condenado por la propia Audiencia a tres años y tres meses de cárcel.

Sin embargo, la Sección Primera, en una breve providencia, de fecha 1 de abril del pasado año, consideró que no había lugar a lo solicitado por las familias de los fallecidos y se limitó a responder que sólo le competía formular un informe en lo que se refería a la concesión del indulto solicitado por el penado, después favorable.

Rafael H.G. fue condenado en primer lugar por el Juzgado de lo Penal número 2 de Granada a dos años y medio de cárcel por el accidente de tráfico que tuvo lugar en Huétor Santillán (Granada) en el verano de 2008, en el que murieron los tres jóvenes, que viajaban junto a él en el mismo vehículo.

Según la sentencia, circulaba a más de 120 kilómetros por la vía cuando la velocidad estaba limitada a 40, y una suma de circunstancias provocaron que perdiera el control del coche y chocara contra un camión de la basura que se encontraba en el arcén de la carretera, bien estacionado.

Tras ser apelada la sentencia, la Audiencia elevó la pena a tres años y tres meses de cárcel, pero el condenado pidió el indulto. Entonces, el Ministerio de Justicia remitió el expediente al presidente de la Audiencia de Granada, pero desde esa instancia judicial, a quien correspondía emitir el informe preceptivo por haberse convertido en tribunal sentenciador —ya que había elevado la pena inicialmente impuesta—, se reclamó el dictamen al Juzgado de lo Penal número 2.

La sentencia del TS señaló con posterioridad que esa irregularidad "no fue imputable" al Ministerio, puesto que se dirigió a la Audiencia Provincial, que fue la que posteriormente la envió al Juzgado de lo Penal, cuya titular emitió informe favorable al indulto parcial.