Mercasevilla pide imputar a un exdelegado de UGT en su comité por papel en los ERE "fraudulentos"

La sociedad mixta Mercasevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que dirige la magistrada Mercedes Alaya, que cite a declarar en calidad de imputado a Eduardo M.V., que fue delegado sindical de UGT en el comité de empresa de dicha sociedad, "en su condición de negociador y firmante de los acuerdos fraudulentos e ilegales de los expedientes de regulación de empleo" (ERE) de 2003 y 2007, "causantes de irreparables perjuicios" para Mercasevilla.

La sociedad mixta Mercasevilla ha solicitado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que dirige la magistrada Mercedes Alaya, que cite a declarar en calidad de imputado a Eduardo M.V., que fue delegado sindical de UGT en el comité de empresa de dicha sociedad, "en su condición de negociador y firmante de los acuerdos fraudulentos e ilegales de los expedientes de regulación de empleo" (ERE) de 2003 y 2007, "causantes de irreparables perjuicios" para Mercasevilla.

Se da la circunstancia de que Eduardo M.V. había sido citado a declarar este viernes, pero en calidad de testigo, en el referido Juzgado de Instrucción y a petición de la defensa del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, al considerarse que, como delegado sindical de UGT en Mercasevilla, "pudo presenciar las diversas reuniones que se mantenían con miembros del Ayuntamiento y de Mercasa" y que podría declarar, así, sobre las relaciones mantenidas por Mellet con los miembros del Consejo de Administración.

Frente a ello, la representación legal de Mercasevilla, en un escrito registrado este jueves y consultado por Europa Press, argumenta que "en los archivos y libros de actas que constan en Mercasevilla de los diferentes órganos colegiados de la Sociedad; Comisión Ejecutiva, Consejo de Administración o Junta General, una vez revisados, no consta que el extrabajador Eduardo M.V. haya asistido como invitado a algunas de las reuniones o sesiones celebradas en el desarrollo de la actividad de la Sociedad".

En cambio, solicita que a Eduardo M.V. se le tome declaración "en calidad de imputado, dejando sin efecto su citación como testigo", a partir de unos "hechos delictivos" que esta parte acusadora trata de acreditar "con documentos obrante en los archivos de la Sociedad y algunos ya obrantes en la presente causa".

La representación de Mercasevilla se refiere, en concreto, a la supuesta participación de Eduardo M.V. en unos "hechos delictivos" relacionados con los expedientes de regulación de empleo (ERE) de 2003 y 2007 realizados a partir de acuerdos "fraudulentos", como, según subraya esta parte, ha sentenciado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

"irreparables perjuicios para mercasevilla"

Así, esta parte solicita que se tome declaración a este sindicalista "en su condición de negociador y firmante de los acuerdos fraudulentos e ilegales" de los ERE de 2003 y 2007, "causantes de irreparables perjuicios para Mercasevilla", y en los que "se incluyeron trabajadores a todas luces irregulares como José Díaz, Joaquín Gómez, José Rivera y hasta intrusos como Antonio Garrido Santoyo, aumentando los perjuicios económicos para Mercasevilla".

Además, "aparte de dichas condiciones ilegales se pactaron y abonaron los 'denominados premios extraordinarios de jubilación', gratificación por los servicios prestados que se abonaron por los exdirectivos de Mercasevilla a algunos prejubilados por encima (...) de lo que les correspondería según el máximo legal, que ascendieron a 281.272,44 euros" y que se abonaron "indebidamente" con cargo a "las arcas de Mercasevilla", según remarca esta acusación.

En esa línea, la representación de Mercasevilla incide en su escrito en la "lesión" que le causó a dicha sociedad "un ERE con condiciones fraudulentas" y "un anormal funcionamiento de la Administración". En concreto, cifra en 1.746.312,38 euros el total del "daño soportado" por Mercasevilla como consecuencia del ERE de 2003, y en 1.283.821,43 euros por el de 2007, lo que, aseveran, produce en total "un menoscabo y perjuicio" para la empresa de 3.030.133,81 euros como consecuencia de los citados expedientes de regulación de empleo.

Finalmente, el escrito en cuestión recuerda que el propio Eduardo M.V. "se prejubiló" en el ERE de 2007 "con la edad de 64 años, un mes y dos días, en las fraudulentas condiciones pactadas y negociadas por él mismo", y con una "renta vitalicia", por todo lo cual solicita al juzgado que se le "acuerde tomar declaración como imputado (...), dejando sin efecto su testifical", fijada para este viernes, pero que finalmente no se ha llevado a cabo.

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