La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha citado a declarar este miércoles a otros seis imputados por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos un exalcalde socialista de El Real de la Jara y una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina.

En total, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar a lo largo de esta semana a 25 de los 35 imputados por las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado lunes una fianza de responsabilidad civil de 1,3 millones de euros.

De este modo, este miércoles comparecerá ante la juez el que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez, quien, "por razón de dicho cargo, tendría oportunidad de reunirse en diversas ocasiones con Guerrero y con Viera, así como con los demás alcaldes de la zona, y de esta forma conocer que se daban en la Consejería de Empleo subvenciones a empresas sin bases reguladoras".

De esta manera, y junto a su esposa y socia de la empresa, Rosario Parrado Gallego, a quien también cita como imputada este miércoles, acudieron a un a entrevista con Guerrero para pedirle una subvención, obteniendo finalmente una ayuda de 120.000 euros "que sin embargo no llegó a pagarse por IDEA al no mediar convenio".

"Al no obtenerse el pago de esta ayuda, para igual fin se entrevistaron con el director de Trabajo Juan Márquez, reunión en la que estuvo presente Antonio Rivas, concediéndole Márquez una ayuda sociolaboral el 24 de noviembre de 2009 por importe de 50.000 euros... procediéndose a su pago entre enero y noviembre de 2010", sostiene la juez.

Asimismo, ha citado a declarar este miércoles a Carmen Muñoz Rivas, religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina y presidenta de una cooperativa textil —SCA Megara— que recibió una subvención de 44.000 euros de la Junta de Andalucía "sin solicitud ni documentación justificativa alguna".

También comparecerán ante la juez este miércoles Sandra Caballero Piñero, por una ayuda de 450.000 euros concedida al Hotel La Posada del Moro de Cazalla de la Sierra, y Guillermo Romero Álvarez, apoderado de la empresa Romero Álvarez S.A., que recibió 1,2 millones de euros para un secadero industrial en la localidad de Alanís.

Por último, la juez ha citado a Juan Miguel Mejías Álvarez, de la almazara de aceite SCA Virgen del Robledo, que recibió una ayuda de 190.000 euros.