La Guardia Civil ha imputado un total de cinco delitos al secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, en relación a la investigación por las irregularidades en procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de 40,1 millones para la modernización de su red de riegos.

En el atestado entregado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil de Sevilla lleva a cabo un análisis y también transcribe los datos de interés que se desprenden de las 21 grabaciones realizadas por los actuales dirigentes de la comunidad de regantes con el objetivo de "dirimir presuntos ilícitos cometidos, autores, o ampliar indicios sobre las personas" que ya han sido imputadas.

En el atestado entregado al juez instructor, los agentes explican que, en las grabaciones, el presidente, el gerente, un vocal y un exgerente de la comunidad de regantes "intentan que los interlocutores con los que hablan manifiesten las presuntas irregularidades que se han llevado a cabo en las obras de modernización", según adelanta 'ABC'.

Una vez analizadas estas grabaciones y tras la toma de declaración a testigos, los agentes imputan a Sánchez Teruel, por su actuación como director general de Regadíos de la Junta de Andalucía, los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, fraudes y exacciones ilegales, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil asevera que, "tras más de un año de investigación y a la vista de lo actuado, estamos ante un grupo organizado para delinquir", puesto que los imputados "tenían unos objetivos comunes, que es la obtención de un lucro ilícito por parte de un tercero, siendo evidente la división de funciones por su estructura, organizada y jerarquizada".

"entramado de irregularidades"

Los agentes hacen referencia al "entramado de irregularidades como poco realizadas" en la licitación, adjudicación, desarrollo de la obra y organización del proyecto complementario de las obras de modernización de regadíos de la comunidad de regantes, "donde se solicita, después de haberles concedido más de 40 millones de euros de dinero público, otros 13 millones de euros con el beneplácito de la Administración".

Por ello, "no se entiende que se haya podido hacer sin que las más altas instancias de esa Dirección General de Regadíos y posteriormente Desarrollo Sostenible y Medio Rural, se hayan puesto de acuerdo y concertado, con igualmente las más altas de la mercantil Befesa, que después de este tiempo, parece quedar claro que era quien licita, construye y manda en esta obra".

"Para ello, tanto una como otra —Administración y mercantil—, han tenido un grupo de personas que en escalones inferiores, han estado llevando a cabo igualmente cuantas reuniones o gestiones le han sido encomendadas o necesarias para cumplir los objetivos marcados por los primeros, siendo brazos ejecutores de las irregularidades" analizadas.

En este sentido, la Guardia Civil menciona al propio Sánchez Teruel, a los exdirectores generales de Regadíos Francisco Ruiz Orta y Tomás Martínez Jiménez, al exjefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez, y al exjefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la Delegación de Agricultura Manuel Antonio Cruz-Guzmán. A excepción del parlamentario andaluz, todos los demás ya han sido imputados por el juez.

Tráfico de influencias

En relación a Sánchez Teruel, los agentes le atribuyen también un delito de tráfico de influencias, ya que "no nos queda la menor duda de que presiona a la Junta de Gobierno de la comunidad de regantes y funcionarios adscritos a su Dirección General con el único objetivo de conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico" para la UTE Riegos Marisma Befesa/Alpi en todo lo relacionado con el "mal llamado" proyecto complementario.

De este modo, la Dirección General de Regadíos dio "todos los pasos para conseguir informes favorables de los técnicos de la Administración en un solo sentido", como es "conceder una nueva subvención para financiar con dinero público algo ya subvencionado, con adjudicación directa a Befesa, por importe de más de 13 millones, cosa que no se llegó a realizar por la renuncia expresa de la actual Junta de Gobierno de la comunidad de regantes de esa subvención", pues "tenemos el convencimiento de que se le hubiese otorgado".

También le imputa un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, ya que "teniendo la obligación de intervenir por razón de su cargo" para que "los recursos económicos públicos tengan una buena utilización y se destinen para lo que realmente se dispone", Sánchez Teruel "se aprovechó de tal circunstancia para facilitar la participación directa de la UTE Riego Marisma Befesa/Alpi en todo lo relacionado en la última fase de las obras de modernización con su actitud y su participación directa en los acontecimientos".

De igual modo, le imputa un delito de fraudes y exacciones ilegales "por tener una intervención directa por razón de su cargo en intentar que se realice una contratación pública, como era ese proyecto complementario, y concertarse entre ellos con el único fin de conseguir defraudar a la Administración pública, al subvencionar dos veces las mismas unidades en las obras de modernización de regadíos que se estaban ejecutando".

Dinero público

Asimismo, "permitió que Befesa enmascarara partidas importantes de dinero público en las certificaciones", sostiene la Guardia Civil, que también imputa a Sánchez Teruel un delito de coacciones "por las amenazas y coacciones realizadas a la Junta Rectora" de la comunidad de regantes.

La Guardia Civil, que imputa en el atestado a otras seis personas, entre ellas el exconsejero delegado de Befesa Guillermo Bravo Macheño, explica que no ha tomado declaración como imputado al secretario provincial del PSOE de Almería "al ser esta persona aforada" dada su condición de parlamentario andaluz.

En esta causa, cabe recordarlo, el juez ha citado a declarar como imputadas entre los días 11 y 26 de junio a un total de 21 personas, entre ellas dos ex altos cargos y tres funcionarios de la Consejería de Agricultura de la Junta, al considerar que podrían haber incurrido en delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, prevaricación y malversación.