La juez Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en cursos de formación, ha reclamado a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía que, en un plazo de cinco días, entregue un organigrama con los distintos jefes de servicio de la Dirección General de Formación entre los años 2002 y 2012, "con especificación de funciones, fechas de tomas de posesión y ceses".

En un auto fechado el pasado 7 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada realiza esta petición al considerar "necesario continuar con la toma de declaraciones en relación a las irregularidades observadas en la concesión, gestión y sobre todo justificación de subvenciones para acciones formativas en la Dirección General de Formación para el Empleo".

Asimismo, y en relación al atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 30 de abril, la juez acuerda remitir a esta Unidad las resoluciones de exoneración de 28 de diciembre de 2011, 11 de diciembre de 2012 y la de 1 de julio de 2013 que obran en el Juzgado.

En este sentido, pide a la UCO que amplíe dicho atestado "con las anteriores resoluciones de exoneración y con las que puedan determinarse de la Junta en virtud de los autos de 4 y 6 de mayo, con el número de subvenciones cuyo pago se propone en cada una de estas resoluciones de exoneración, así como el importe total de las mismas".

El atestado

En este atestado, cabe recordarlo, la Guardia Civil elevó a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.

La UCO destaca que "dicha cantidad a justificar alcanzaría su cota máxima en los ejercicios 2010 y 2011, con 347 y 339 millones de euros, respectivamente", mientras que "un segundo tramo destacable sería el comprendido entre los ejercicios 2007 y 2009, con 110, 203 y 121 millones de euros, respectivamente".

La UCO destaca que, atendiendo a las cantidades pendientes de justificar clasificadas por el órgano gestor, "se observa que Málaga, Sevilla y las subvenciones con código 98 —Servicios Centrales— son las que mayor cuantía presentan", con 68,1, 66,9 y 546,7 millones de euros, respectivamente. También destaca Córdoba, con 47,5 millones; Cádiz, con 44; Granada, con 43,9; Huelva, con 24,5; Almería, con 17,5, y Jaén, con 14,7 millones de euros.

La Junta, de su lado, restó credibilidad a este informe, al considerar que el mismo incluye hasta cuatro "errores técnicos" a la hora de manejar la información contable que le facilitó la Administración autonómica, unos errores que habrían llevado a los agentes a "confundir entre pagos pendientes de justificar y pagos para los que ya haya pasado el plazo de justificación".