La Plataforma Bomberos Profesionales de Castilla y León ha denunciado este martes la privatización del servicio en algunos lugares de la Comunidad, algo que temen que se pueda extender, y el uso de voluntarios para desarrollar su labor en muchas localidades, con la falta de preparación de este personal y el riesgo que conlleva en caso de intervenir en un siniestro.

El colectivo ha advertido de esta situación en una rueda de prensa en la que han puesto como ejemplo de privatización la comunidad gallega, donde el 65 por ciento de los parques de bomberos se han privatizado, motivo por el que acudirán a la manifestación nacional que se desarrollará allí este viernes bajo el lema 'Rescátanos!'.

Los responsables de la Plataforma, David Herrero, José Ignacio García y Juan Carlos Prieto, han advertido de la precariedad del servicio de extinción, prevención y salvamento en la Comunidad, con la adjudicación a empresas privadas y el uso de personal voluntario —contra el que han asegurado que no tienen nada, sino el mal uso que se hace de esta figura— con escasa formación.

Así, consideran que existe un peligro y un riesgo tanto para los voluntarios como para los ciudadanos en caso de que tengan que intervenir, dada su poca formación, que en el caso de los bomberos profesionales, además de la preparación previa, es continuada. De la misma forma, han advertido de que estos voluntarios no se encuentran en un parque, por ejemplo, por lo que "la vida y el bienestar de las personas se ha convertido en un juego de azar".

En concreto, han explicado que no "existe" en Castilla y León un bombero voluntario como tal y los voluntarios sólo deberían intervenir cuando los profesionales requirieran su ayuda, ya que actúan en situaciones con heridos y en propiedades privadas.

Más seguridad

A este respecto, han reivindicado un parque de bomberos público y profesional, que suponga más seguridad para los ciudadanos, y han responsabilizado a la Administración de permitir esta situación sin tener en cuenta la Ley 4/2007, que regula esta materia, y trata de "mancillar" un servicio en lugar de apostar por su mejora, la educación y bajar el tiempo de respuesta en caso de intervención.

Además, en Castilla y León hace ocho años se paralizó la llamada 'Ley del Fuego', a pesar de que fue la primera comunidad en trabajar en ello, cuando una regularización permitiría acabar con estos problemas.

Aunque no es sólo un problema de Castilla y León, han incidido en que si hay un accidente de tráfico, por ejemplo, en un lugar de la provincia de León como Vegacervera, se podría tardar tres horas en acudir, cuando en Valladolid a cualquier pueblo se llegaría en diez minutos.

En concreto, en la Comunidad, excepto Valladolid, todas las provincias cuentan con voluntarios en algún parque, por lo que la atención y la respuesta no es la misma. En concreto, la Diputación de Valladolid cuenta con cinco parques profesionales, el Consorcio de Zamora con dos, Soria un "híbrido", con dos profesionales que coordinan a voluntarios, pero en el resto de Castilla y León son parques de voluntarios, que en el caso de Burgos ascienden a 19.

En ocasiones, como en León, es algo "tercermundista", han afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press, ya que hay parques de primera, segunda y tercera categoría. Todo ello conlleva que en ocasiones se tarde entre 40 y 50 minutos en llegar a un siniestro en lugar de diez, como ha ocurrido en una ocasión a ocho kilómetros de Lerma.

"laboratorio" en salamanca

"A uno les toca un médico y a otro un curandero", ha señalado David Herrero, quien teme que el caso de Villares de la Reina (Salamanca), ya privatizado, pueda ser un "laboratorio" para hacer lo mismo en otros lugares.

En este sentido, han asegurado que el parque de Villares cuesta 1.333.000 euros y la empresa sólo está obligada a pagar a los trabajadores, contratar un seguro y correr con los gastos de combustible, mientras que la Diputación de Salamanca se hace cargo de los vehículos, sus averías, el coste de la instalación y la Junta y la Diputación llevan a cabo la formación del personal.

La Plataforma ha asegurado que el coste de un parque profesional es mucho más barato y en el caso de Valladolid, uno equiparable al de Villares tiene un coste de unos 800.000 euros y, por lo general, si uno privado cuesta 800.000 euros, uno profesional es 300.000 más barato.

El colectivo ha responsabilizado de esta situación a las administraciones locales y a las diputaciones, que tienen competencias en esta materia y montan su servicio, pero en muchas ocasiones con estos voluntarios, constituidos en asociación que recibe una subvención, y a los que forma la Junta en "dos días", algo "grave" que la Administración autonómica permite.

Los responsables de la Plataforma han apuntado que han intentado hacer ver a los políticos este problema, lo que ocurre y que hay que mejorar los servicios de bomberos, pero "pocos han hecho caso", ha indicado Juan Carlos Prieto, quien ha insistido en que la "destrucción" del servicio crece poco a poco y los políticos gestionan "sin tener conocimiento".

Así, ha pedido responsabilidad política y a los trabajadores y ha advertido de que no pararán hasta que haya mejor material, más formación y cualificación profesional.