La coordinadora general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha pedido explicaciones al PSOE ante "una posible financiación ilegal" del partido a través de la extinta sociedad pública Alcalá Comunicación Municipal (ACM), perteneciente al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y con cuyos fondos habrían sido sufragados presuntamente gastos privados.

"Se hace necesario que cuanto antes, tanto Susana Díaz como Verónica Pérez adopten medidas en su partido, pero sobre todo, que tengan la decencia de aclarar a todos los ciudadanos qué ha pasado durante años en esta empresa municipal, que cada día es más escandalosa e incluso implica al propio alcalde y candidato del PSOE de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo", dice en un comunicado Virginia Pérez.

"Es intolerable que nadie en el PSOE de Sevilla, con el gravísimo problema que tienen entre sus filas por este caso, haya asumido su responsabilidad con los vecinos y haya tenido el coraje de contar qué ha pasado, qué pasa y qué nos queda por saber sobre lo que durante años en una empresa municipal y de la que paradójicamente Gutiérrez Limones ha estado supuestamente al corriente de todo lo que estaba sucediendo". Por último, Pérez ha lamentado que "casos como el de ACM en Alcalá de Guadaíra ponen de manifiesto que para el PSOE de Sevilla primero están los intereses de su propio partido que los intereses de los ciudadanos".

El caso acm

Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía de Dos Hermanas, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación sonora en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", así como "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", así como una mesa de ping-pong adquirida como "regalo" para el hijo del alcalde. El Gobierno local, de su lado, niega todas las acusaciones.

El asunto, investigado por el Juzgado mixto número dos de Alcalá, incluye entre otros aspectos un atestado de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial que conectaba al alcalde con facturas por valor de 976 euros cargados a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que, a finales de junio de 2007, incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia.

En paralelo, ha trascendido un informe elaborado por el equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil según el cual los hechos, en una medida u otra, habrían sido elevados a finales de 2011 a miembros del Gobierno local como las concejales socialistas Miriam Burgos y Gloria Marín, Bernabé Gámez como presidente local del PSOE, e incluso el propio alcalde, todo ello en el marco de la situación de conflicto que vivía ACM a cuenta del "acoso laboral" que promovía supuestamente José Luis Díaz como gerente de la empresa y Manuel Costillo, quien actuaba como "su segundo".

El juzgado instructor, entre sus últimas decisiones, ha reclamado a la comisión liquidadora de ACM la relación de los miembros de su consejo de administración desde 2007, las actas de las sesiones de sus órganos de gobierno y las auditorías realizadas, acordando tomar declaración como testigos a una serie de personas relacionados con la empresa. La Fiscalía, de su lado, pide imputar a miembros del antiguo equipo gestor de la empresa.