País Vasco, Navarra, Castilla y León y Madrid son las comunidades autónomas que se sitúan a la cabeza en políticas y resultados educativos, mientras que Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Comunidad Valenciana se sitúan a la cola, según el 'Ranking de Excelencia Educativa' de Profesionales por la Ética.

En mitad de la tabla, en el quinto puesto, se encuentra Asturias, seguida de Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Cataluña, Andalucía, Extremadura y Baleares. "Esta iniciativa con datos absolutamente independientes y objetivos tiene como fin estimular las políticas educativas hacia la verdadera excelencia", ha afirmado el coordinador del informe, Miguel Gómez Agüero, durante la presentación en Madrid, a la que ha asistido el presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez.

Este documento, realizado a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, analiza 58 indicadores, organizados en nueve áreas: escolarización, graduación, idoneidad, abandono educativo temprano, centros de iniciativa social, gasto educativo, ratios, recursos informáticos y complementos y eficiencia en el gasto educativo.

En cuanto a la tasa de escolarización, el trabajo señala que existe un crecimiento generalizado respecto a la última edición de 2011, que, según los autores, tiene que ver con las dificultades para encontrar trabajo, especialmente en comunidades con alto índice de desempleo, como es el caso de Andalucía, que en esta ocasión se sitúa en el cuarto puesto, mientras que Baleares se coloca en el último lugar.

Respecto a las tasas brutas de graduación —ESO, Bachillerato, Universidad y estudios postobligatorios—, existe una mejora en todas las etapas educativas respecto al documento de 2011 y destacan País Vasco, Madrid, Cantabria y Asturias frente a Castilla-La Mancha, Baleares y Comunidad Valenciana.

El informe analiza también la idoneidad, es decir, los alumnos que acaban los estudios con la edad que les corresponde. Mientras los resultados mejoran en general, hay ocho comunidades autónomas donde casi la mitad de sus alumnos (40%) terminan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con retraso.

En cuanto al abandono educativo temprano, es decir el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no continúan sus estudios más allá de la etapa obligatoria, el informe pone de relieve que existe una "brecha muy significativa" entre autonomías, ya que hay comunidades con tasas por debajo del 10 por ciento, como Cantabria, y otras, como Baleares, que siguen cerca del 30 por ciento. La media nacional se sitúa en el 21,2 por ciento, casi el doble del objetivo europeo.

Peso de la enseñanza privada-CONCERTADA

El documento de Profesionales por la Ética tiene en cuenta también el peso de la enseñanza privada-concertada respecto al total. Así, mientras en el País Vasco el porcentaje de centros privados y concertados es del 49,3 por ciento en la enseñanza no universitaria, en Castilla-La Mancha este porcentaje se reduce al 17,6 por ciento.

Según el coordinador del informe, existe una "correlación" entre el peso de la "iniciativa social y la excelencia educativa", pues, según ha explicado, la enseñanza concertada y privada refleja un "mayor compromiso de la sociedad con la educación, una eficiencia en la gestión superior a la de la Administración y un nivel de aprendizaje superior que en los centros públicos".

El gasto público recoge varios indicadores: el gasto público por alumno de educación no universitaria, que va de los 6.572 euros en País Vasco a los 4.015 euros de Madrid; y el gasto público respecto al PIB, donde Extremadura lidera la tabla, con el 4,56 por ciento, frente Madrid con el 1,61 por ciento.

Sin embargo, el trabajo analiza la eficiencia del gasto al comparar el gasto medio por alumno en los últimos cuatro años y los resultados —escolarización graduación, idoneidad y abandono educativo temprano— y los recursos humanos y técnicos. En este caso, sitúa a la Comunidad de Madrid en la primera posición y a Castilla-La Mancha en la última.

Pacto por la educación y responsabilidad de la familia

El documento concluye con seis propuestas para elevar al Gobierno: un pacto nacional por la excelencia educativa en el que participen, padres, profesores, centros, entidades sociales y Administración; y la promoción de un 'modelo de excelencia educativa', alineado con los objetivos de la Unión Europea y basado en las mejores prácticas de las comunidades autónomas.

Asimismo, promueve dotar a las consejerías autonómicas de presupuestos "crecientes" y velar por la eficiencia de los mismos; más proyectos de 'iniciativa social' y facilitar la libre elección de centro escolar a los padres; fomentar la responsabilidad de las familias; y elaborar un programa dirigido a "potenciar" la figura del profesor, su formación, liderazgo y autoridad.