El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH), el abogado Eduardo Ranz y el PSPV han llevado este lunes a un juzgado ordinario la denuncia contra la alcaldesa de Valencia y candidata a la reelección por el PP, Rita Barberá, por "desobediencia" a la ley de Memoria Histórica al mantener símbolos franquistas en la ciudad, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) se declarara "no competente" para instruirla dada la pérdida de la condición de aforada de la primera edil tras la disolución de las Corts.

Así lo ha indicado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia el secretario del PSPV de la provincia, José Luis Ábalos, quien ha considerado que el TSJCV ha respondido en un "plazo insólito", ya que "en diez días apenas ha contestado diciendo que la condición de aforada de Rita Barberá ya no la tiene por disolución de las Corts — el pasado 30 de marzo— y que, por tanto correspondería presentar la denuncia en el juzgado de instrucción". "Nos gustaría que la justicia siempre reaccionara con esta prontitud", ha apuntado.

Del mismo modo, ha explicado que han dado "cumplimiento a la resolución" del TSJCV a pesar de que "en breve, lo normal es que Barberá vuelva a ser aforada y nos encontraremos en la misma situación". No obstante, ha considerado que "se trata de que Rita Barberá cumpla con la ley pues".

Al respecto, ha detallado que, por este tema, ha ejercido dos iniciativas frente al consistorio de Valencia: "una, un derecho de petición frente al Ayuntamiento, que está en trámite, previo a un contencioso administrativo" y otra la denuncia que han vuelto a interponer este lunes.

En la denuncia se cita entre otros como símbolos franquistas mantenidos en la ciudad el Monumento a los Caídos en la plaza de la Porta de la Mar; un escudo anticonstitucional en la fachada de un centro juvenil, de la Calle Pablo Meléndez; otros en el CEIP Padre Mansón y el Teodoro Llorente o en la fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix y en la de Benimaclet.

Eduardo Ranz ha indicado que esta ley se aprobó en el año 2007 y, a su entender, "ha pasado tiempo suficiente para que los alcaldes y alcaldesas, en este caso Rita Barberá, proceda al cumplimiento de la norma" que en su artículo 15 establece la realización de un mapa "de vestigios de exaltación de Guerra Civil y dictadura" y su retirada.

A su juicio, Barberá "ha incumplido manifiestamente ambos preceptos", razón por la que comparecen ante el juzgado "para proceder a una denuncia por un delito de desobediencia", que lleva aparejada la inhabilitación para carga públicos por hasta dos años. Al respecto, Ranz ha puntualizado que "con esta denuncia principalmente se trata de retirar la simbología franquista y no eliminar al político". Ranz ha detallado que ante el juzgado se han presentado los dos escritos.

Esta denuncia se suma a la quincena de obispados y arzobispados de toda España que han sido denunciados ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y por mantener en sus basílicas los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.

Franco tiene la medalla de oro de la gratitud de valencia

Por su parte, el coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, Matías Alonso, ha indicado que "se han llevado una sorpresa al descubrir que, cuando apenas hace un mes que se le ha retirado la Medalla de Oro de la ciudad a Franco, aún existe otra más ya que, según ha detallado, "el mismo personaje tiene otorgada en Valencia la medalla de oro de la gratitud desde junio de 1962. Sin embargo nadie sabía esto".

A su juicio, "esto justifica perfectamente la iniciativa" y ha planteado la posibilidad de "hacer una auditoría para saber de cuántos honores tiene el franquismo aún en la ciudad y cuándo se van a quitar" así como para encontrar "alguna manera para acabar de una vez con una situación bastante injusta".

Del mismo modo, Alonso ha asegurado que "se da todo tipo de honores y distinciones tanto a Franco como a personajes franquistas que fueron fundamentales en el funcionamiento y la gestión de la dictadura" y ha detallado que "en el cuadro de honores, generales como Aranda, Asensio o Camilo Alonso con una clarísima significación son nombrados hijos adoptivos o predilectos" así como "60 calles dedicadas a personajes y a conceptos franquistas, y monumentos que aún en la web del propio Ayuntamiento figuran como Monumento a los Caídos". Respecto a escudos y simbología "habrá cinco o seis aún".

Además, ha indicado que en el cuadro de honores hay otras tantas menciones que, a su juicio, "significa aquellos valores que una ciudad venera", algo que a su juicio es "grave ya que no tienen nada que ver con lo que juran los cargos cuando acceden a sus poltrones".

"pedimos que se cumpla la ley"

Del mismo modo, Ranz, cuestionado sobre la retirada de alguno de los símbolos, ha indicado "se han hecho algunas cosas pero otras muchas no" por lo que ha solicitado "como cualquier ciudadano, que se cumpla la ley".

Al respecto, Ábalos ha recordado que durante el mandato socialista "sí se eliminaron muchísimas calles que tenían mucho que ver con el franquismo así como la estatua ecuestre del propio dictador en la plaza" pero que, a su entender, "todo esto se interrumpió con Rita Barberá".

"El problema de Barberá es que nos hemos encontrado con que es especialmente hostil al cumplimiento de esta norma que le es muy incómoda y por lo tanto su actitud ha sido siempre de un rechazo activo", ha asegurado.

Por otro lado, ha lamentado que en la situación entre vencedores y vencidos "no ha habido, para nada, una actitud equitativa, sino muy al contrario". Algo que, a su entender, se ha realizado "a conciencia". "Lamentablemente muy a conciencia para una demócrata", ha concluido.