El grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes ha rechazado este jueves que se reúna la Diputación Permanente del Parlamento autonómico para abordar el 'caso Imelsa' y la propuesta de la Comisión Europea (CE) de multar a España con casi 19 millones de euros por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunitat, solicitadas por PSPV y Compromís.

Asimismo, la coalición también pedía que se dieran explicaciones en la Diputación Permanente por el trasladado del buque 'Sorrento', que se incendió la semana pasada durante un trayecto entre Palma y Valencia, al puerto de Sagunto.

El síndic del PP, Jorge Bellver, en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces, ha justificado el rechazado de su grupo a convocar la Diputación Permanente por estos temas. En el caso de Imelsa, ha explicado que se trata de "un proceso que está bajo secreto de sumario".

En cualquier caso, ha defendido la actuación "contundente y rápida que ha tenido desde hace ya mucho tiempo el presidente Fabra". A su juicio, se trata del "político español más contundente en las cuestiones que han tenido que ver con corrupción, desde el punto de vista de la responsabilidad".

En cuanto a la sanción de Bruselas, Bellver ha indicado que "difícilmente va a poder venir el Gobierno valenciano o el presidente a dar explicaciones", ya que "no existe ni siquiera comunicación oficial del expediente ni de la sanción".

Asimismo, y respecto al buque Sorrento, ha destacado que la actuación llevada a cabo "es una actuación reglamentada en la que no existe ninguna intervención política" y no tiene nada que ver con "las competencias del Gobierno valenciano".

Por su parte, el portavoz socialista, Antonio Torres ha destacado que el 'caso Imelsa' y la propuesta de sanción de Bruselas son "dos hechos de indudable trascendencia". Respecto al primero, ha subrayado la "alarma social que ha causado", y ha asegurado que en las grabaciones "aparecen los nombres de dos altos cargos antiguos que fueron consellers y de un consejero delegado de une empresa pública".

En este sentido, ha advertido de que "se ha podido producir un grave perjuicio a las arcas públicas de la Generalitat", por lo que "alguien tendrá que responder". "No se trata de un asunto de la Diputación, ni el señor Rus, sino de un asunto que ha tenido implicaciones dentro del Gobierno valenciano y alguien tendrá que salir y, en primer lugar, pedir perdón a los valencianos".

En esta misma línea, el síndic de Compromís, Enric Morera, cree que el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, debería comparecer y "dar la cara" porque "sabía de estas grabaciones, tenía las pruebas y no las ha entregado a la Justicia". "Las ha usado para una finalidad perversa, interna, conseguir su nombramiento como candidato por parte del PP", ha manifestado.

Los representantes de los dos grupos de la oposición —EUPV no ha acudido a la Junta porque no tenía solicitudes de reunión de la Diputación Permanente— también se han referido a la propuesta de sanción de Bruselas. "La responsabilidad de este expediente sancionador es única y exclusivamente de los sucesivos gobiernos del PP, porque son quienes han escondido las facturas en los cajones", ha dicho Torres.

"COBARDÍA"

Al respecto, ha calificado de "cobardía" que "se intente culpar al interventor general de la Generalitat". Además, entiende que "tampoco se puede culpar al interventor general del Estado". "Si los consellers no se enteraban de que se guardaban las facturas en los cajones eran unos irresponsables", ha dicho el diputado socialista.

Tanto Torres como Morera consideran que la sanción la debe de pagar el Reino de España. "Los valencianos no deben pagar la mala gestión que ha hecho el gobierno del PP", ha dicho Morera. En esta misma línea, el dirigente del PSPV ha señalado que "o lo paga el Gobierno de España o los autores del hecho, que son los consellers y los presidentes responsables de la ocultación de las facturas".

Por su parte, Jorge Bellver ha coincidido con ellos en este asunto. El síndic 'popular' se ha remitido a las palabras del conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ya que entiende que "en el caso de que la sanción salga adelante, se impone al Reino de España no a la Comunitat Valenciana".