El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén juzga este jueves a dos empresarios que se sentarán en el banquillo acusados de vender contratos falsos a inmigrantes de la India, previo pago de 2.000 euros. De esta manera, los inmigrantes veían regularizada su situación en España al obtener autorizaciones de residencia temporal y trabajo.

El caso, según informaron fuentes judiciales a Europa Press, se remonta a los años 2007 y 2008 cuando Antonio Manuel C.G. creó una empresa que se dedicó a favorecer la entrada en España de nacionales de la India mediante la publicación de ofertas de trabajo inexistente, pero que permitía a estas personas, tras pagar cantidades que llegaban a los 2.000 euros, obtener el correspondiente visado con el que poder viajar y su posterior permiso de trabajo y residencia.

Las ofertas de trabajo se hicieron por el acusado a nombre de su empresa fantasma y a nombre de un supermercado gestionado por el segundo de los acusados, David Francisco V.B., con la diferencia de que éste segundo nunca cobró cantidad alguna por parte de las personas que querían entrar en España. Sin embargo, Antonio Manuel C.G., llegó a percibir más de 24.000 euros por la venta de contratos falsos.

Con este procedimiento, según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, ocho personas consiguieron autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena. A otras doce personas se les denegó puesto que ya había saltado la alarma en la Oficina de Extranjería de Jaén, organismo que denunció lo que ocurría a la Policía Nacional.

Por estos hechos, Antonio Manuel C.G. se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel que ha realizado el Ministerio Fiscal como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos y otro delito de estafa. Por su parte, el segundo de los acusados se enfrenta a un año de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Además, a Antonio Manuel C.G. Fiscalía le reclama también en concepto de responsabilidad indemnizar en 24.361 euros a dos de los afectados por estos contratos falsos y que aparecen en la causa como testigos protegidos.