La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado no competente para instruir la denuncia interpuesta contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por mantener menciones y símbolos franquistas en edificios de la ciudad al no ser ya aforada tras disolverse las Corts el 30 de marzo.

Así lo recoge un auto dictado por el tribunal valenciano, en el que declara la falta de competencia para pronunciarse sobre la instrucción y el enjuiciamiento de los hechos recogidos en una denuncia interpuesta por el secretario del PSPV de la provincia de Valencia, José Luis Ábalos y el coordinador del Grupo para la Memoria Histórica, Matías Alonso.

El tribunal adopta esta decisión ante la disolución de las Corts el pasado 30 de marzo y la pérdida de la condición de diputada de Barberá por no figurar entre los miembros de la Diputación Permanente del órgano legislativo. En consecuencia, la primera edil ha dejado de ser aforada, lo que justifica la falta de competencia de la Sala para estudiar este asunto.

En la denuncia interpuesta contra Barberá se citaba como símbolos franquistas mantenidos el Monumento a los Caídos en la en la plaza de la Porta de la Mar; un escudo anticonstitucional en la fachada de un centro Juvenil, de la Calle Pablo Meléndez; otros en el CEIP Padre Mansón y el Teodoro Llorente o en la fachada de la Comandancia de la Guardia Civil de Patraix y en la de Benimaclet.

Junto a ello, una quincena de obispados y arzobispados de toda España han sido denunciados ante los juzgados de instrucción por consentir el mantenimiento de símbolos de la Guerra Civil y la dictadura franquista en contra de lo estipulado por la Ley de Memoria Histórica y mantener en sus basílicas los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera o el general Queipo de Llano pese a que el derecho canónico solo permite enterrar en sus territorios cadáveres de pontífices, cardenales u obispos.