El Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Distrito ordenó al gobierno de Estados Unidos que extienda el asilo político a una ciudadana china y su esposo que huyeron de su país al verse la mujer sometida a un aborto obligado.

El tribunal dictaminó el pasado jueves en San Francisco (California) que "las víctimas de aborto forzado, al igual que las víctimas de esterilización forzada, tienen derecho legal al asilo, y a que se suspenda la deportación".

El caso se inició en noviembre pasado en Honolulu (Hawaii), donde Zi Zhi Tang solicitó asilo político alegando que el aborto efectuado en su esposa Li Zhen Tang constituía "una persecución por parte del gobierno chino", según la definen las leyes de Estados Unidos.

Un juez de inmigración rechazó la solicitud de Tang con el argumento de que el hombre no había demostrado que el aborto al que fue sometida su esposa había sido forzado, y un Tribunal de Apelaciones de Inmigración validó el fallo.

"Nosotros sostenemos que Tang estableció que Li Zhen se sometió a un aborto forzado y, por lo tanto tiene derecho legal al asilo", señaló ayer el Tribunal de Apelaciones de San Francisco.

Una relación complicada

Tang y Li se conocieron cuando el hombre trabajaba como carpintero y la mujer llevaba la contabilidad en una empresa que hacía reparaciones hogareñas.

Ninguno había alcanzado la edad que exigen las políticas de control de población de China para el matrimonio, y de todos modos "eligieron vivir juntos 'como marido y mujer'", señaló el tribunal de apelaciones.

En 1980 Li quedó embarazada y en abril o mayo de ese año la empresa requirió que la mujer se sometiera a un examen ginecológico que determinó su estado.

Dado que Tang y Li no estaban casados legalmente, a la mujer se le practicó un aborto en la clínica de la compañía.

Tang declaró que él acompañó a Li hasta la clínica y escuchó cuando la mujer "gritaba y lloraba. De nada sirvieron sus quejas. Le sometieron al aborto sin anestesia y yo podía escuchar los chillidos de mi mujer" desde fuera.