El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado este martes declaración como imputado al administrador de una de las empresas investigadas en la causa por el presunto fraude en las subvenciones en los cursos a desempleados del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el cual ha asegurado sentirse engañado y víctima de la situación, por lo que pretende personarse como acusación en este procedimiento por el dinero que se le debe a la sociedad.

El investigado ha declarado durante más de una hora por el denominado 'Caso Edu' y ha sido preguntado sobre la gestión de la empresa y, en concreto, sobre el curso de soldador de estructuras metálicas, en el que participaron 15 alumnos y por el que se le concedió una subvención de 131.000 euros en virtud de la convocatoria de ayudas con compromiso de contratación del 15 de diciembre de 2010.

Así, según han informado fuentes del caso, al responsable de dicha empresa se le ha preguntado tanto por este curso como por otro que dieron previamente y ha sostenido que la formación se impartió de forma correcta y que los profesores tenían la cualificación que se les requería por parte de la Junta de Andalucía para concederles la ayuda.

Asimismo, el administrador de la sociedad ha insistido, como ya hicieron otros imputados relacionados con esta sociedad en su declaración de hace unas semanas ante el mismo juez que investiga este presunto fraude, en que mientras en el primer curso sí hubo una inspección por parte de la administración, en el segundo no, sino más bien hubo descontrol.

Así, según las mismas fuentes, ha mostrado su descontento con la situación, porque la administración andaluza les debe 65.000 euros y, mientras que el curso empezó en marzo, el primer pago no fue hasta agosto; aunque, previamente, tuvieron que realizar una inversión para mejorar las instalaciones que tenían para poder impartir la formación. Por esto, quieren personarse como acusación particular en este caso.

Ha añadido que para poder cumplir parte del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos, tal y como se reflejaba en el convenio, y debido al momento de crisis que existía, planteó varios proyectos para llevar a cabo y donde poder emplear a estudiantes, pero no recibió contestación al respecto. También han comparecido este martes dos hijos del empresario.

Según sostienen los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en sus primeros informes, a los que ha tenido acceso Europa Press, esta empresa fue creada "con la única finalidad de la percepción de las subvenciones de formación". Asimismo, se apunta al incumplimiento en el compromiso de contratación, puesto que los alumnos que fueron contratados no trabajaron de forma consecutiva durante seis meses.

En uno de estos atestados policiales, se precisa que entre los gastos imputados a la subvención se encuentran facturas de teléfono a nombre de otra empresa relacionada con el empresario, así como recibos de alquiler de aula a otra sociedad también con vinculación familiar. Algunos alumnos declararon a la UDEF que se quejaron a la Junta de "deficiencias" del curso, pero no recibieron respuesta.

Esta es una de las 17 empresas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros— en la convocatoria del 15 de diciembre de 2010. Posteriormente, las investigaciones se ampliaron a una segunda convocatoria, la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se detectaron irregularidades en otras 10 subvenciones concedidas a otras tantas sociedades.

En general se investigan posibles delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La UDEF apunta en sus informes a una supuesta falta de justificación de cursos de los planes de promoción del empleo del SAE con compromiso de contratación, y también de control posterior, en relación con varias empresas.