La privatización de la gestión sanitaria no solo es legal, sino que no existe impedimento para que el Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 24 de mayo continue con ellas, si es que lo decide. Así lo avala una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) publicada el pasado 30 de abril, que establece que la Carta Magna no obliga que los recursos de la Seguridad Social dependan exclusivamente de los funcionarios públicos.

La resolución, apoyada por los once magistrados que componen el pleno, rechaza los argumentos presentados por 57 senadores del PSOE contra los planes del Ejecutivo madrileño para dejar en manos de empresas la gestión de seis hospitales (Vallecas, Arganda, Aranjuez, Parla, Coslada y San Sebastián de los Reyes) y 27 centros de salud.

Según el TC, la posible adjudicación de los servicios a terceros se lleva a cabo "preservando en todo caso la titularidad pública". La Constitución, apuntan, "no exige" que exista gestión pública directa. "Las prestaciones quedan en manos de los poderes públicos, no habiéndose producido un traslado de esa potestad a quienes asumen la gestión —y solo la gestión— del servicio público de la sanidad", afirma el texto adelantado por la agencia Europa Press.

La sentencia rechaza casi todos los argumentos de los senadores que presentaron el recurso, excepto uno referente al sistema de gestión privada previsto para los centros de salud. El proyecto de la Consejería de Sanidad preveía otorgar un trato preferente a los trabajadores de los centros de atención primaria en la adjudicación de su gestión, formando sociedades profesionales. Es decir, los empleados tendrían prioridad frente a otros potenciales adjudicatarios. Sin embargo, la sentencia considera que este trato preferente puede resultar discriminatorio frente a otras sociedades que quieran optar a gestionar los servicios. "Se trata de un criterio que no tiene que ver con la solvencia financiera y económica", reza la sentencia.

Lucha de la marea blanca

La sentencia llega un año y cuatro meses después de que el presidente autonómico, Ignacio González, renunciase a llevar a cabo el plan de externalizaciones. Su autor, el exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, dimitió cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) paralizó cautelarmente su iniciativa para estudiar por qué la Comunidad había reducido de 233,4 a 23,3 millones la fianza que las empresas adjudicatarias de los hospitales debían depositar para hacerse con el contrato.

La Comunidad redujo de 233 a 23 millones la fianza a las empresas adjudicatarias en medio del concursoEsta modificación, realizada solo cuatro días antes de que finalizase el plazo de presentación de ofertas, despertó las sospechas de los socialistas madrileños y de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), cuyo recurso derivó en la suspensión del procedimiento por vía judicial en noviembre de 2013.

La Comunidad de Madrid terminó por renunciar al proyecto en enero de 2014. Lo hizo antes de que el TSJM se pronunciase y en respuesta a la presión de la conocida como 'marea blanca' de profesionales y ciudadanos en defensa de la sanidad pública.

Cifuentes se compromete con lo público

La sentencia del Constitucional ha sido acogida con decepción por los socialistas, que insisten en reformar la ley estatal 15/1997. Esta norma, aprobada por el PP con el apoyo del PSOE durante la primera legislatura de José María Aznar, fue la que introdujo las nuevas formas de gestión público-privadas en el Sistema Nacional de Salud.

Esperanza Aguirre ha celebrado el fallo. "El Tribunal Constitucional ha declarado perfectamente legítima la externalización de los hospitales de Madrid. Es perfectamente legítimo que cualquier servicio público que mantenga la titularidad pública no tiene por qué tener gestión pública. Ha quitado la razón al PSOE y a todas las mareas", declaró la candidata del PP al Ayuntamiento de Madrid, bajo cuyo mandato se construyeron los hospitales periféricos.

Cristina Cifuentes, candidata a la Comunidad, reiteró su compromiso de no seguir adelante con los planes diseñados por Ignacio González: "Quiero mantener el modelo actual, exactamente el modelo actual: una gestión donde todos los hospitales son públicos y por tanto, gratuitos".

Hoy, los centros continúan al servicio del Servicio Madrileño de Salud bajo una fórmula de administración por la que el personal médico depende enteramente de la Consejería de Sanidad, mientras que los servicios no sanitarios permanecen a cargo de empresas privadas.

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