El instructor de los ERE en el TS interroga este martes a dos exconsejeros que asistían a los "consejillos"

Son testigos a propuesta de la defensa, que quieren certificar que el Consejo no vio el acuerdo marco en el que se funda el sistema

El instructor de la causa de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, continuará este martes con la investigación de la causa e interrogará, en calidad de testigos, al exconsejero de Obras Públicas y exdelegado del Gobierno en Andalucía Luis García Garrido; y del exviceconsejero de Igualdad y Bienestar Social José María Oliver Pozo.

Ambos testigos, solicitados por las defensas del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, son llamados para que certifiquen que las reuniones de viceconsejeros preparatorias de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucia -los denominados 'consejillos'-, nunca llevaron el polémico Acuerdo Marco de Ayudas sociolaborales de 2001 sobre el que se basó todo el sistema de concesión de ayudas socio-laborales a lo largo de diez años.

Ninguno de ellos ha sido jamás citado como testigo ni como imputado en la causa sobre el sistema de concesión presuntamente irregular de las ayudas que inició la juez de Instrucción de Sevilla Mercedes Alaya, a pesar de que formaron parte de las reuniones de viceconsejeros durante el periodo investigado.

En sus declaraciones previsiblemente saldrán a colación, según las fuentes consultadas por Europa Press, las declaraciones de Zarrías sobre las materias y procedimientos que se abordaban en las citadas reuniones.

Cabe recordar que en su declaración ante el instructor, Zarrías manifestó que las modificaciones presupuestarias del programa 31L, conocido como 'fondo de reptiles' que llegaron a las sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros andaluces y se elevaron al Consejo de Gobierno, "eran ajustadas a derecho" y contaban con "todos los requisitos" que marca la ley.

Además, Zarrías explicó ante el instructor del Tribunal Supremo que los consejillos que presidía "no tenían poder decisorio" y únicamente elevaron al Consejo de Gobierno asuntos que estaban "plenamente aceptados por la legalidad". "En ningún momento se elevó al Consejo de Gobierno ningún tema que no tuviera todos los requisitos que la ley marca y por ello, (eran) perfectamente ajustados a derecho", incidió el que fuera consejero de la Presidencia.

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