Las diferencias entre comunidades autónomas en gasto por habitante en educación, sanidad y protección social llegan casi al 60%, pese a que las necesidades de los distintos territorios solo explican un tercio de esta desigualdad.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que analiza el gasto en servicios públicos fundamentales en España desde 2002 a 2013.

"Las diferencias territoriales de gasto público no parecen compatibles con la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos", ha afirmado el director de este informe, el catedrático de Análisis Económico de la universidad de Valencia, Francisco Pérez. A su juicio, esto es motivo de "preocupación" y "exige explicaciones".

Este catedrático advierte, no obstante, de que, pese a los recortes y a la crisis, el estado de bienestar en España "no se ha destruido" porque "al mismo tiempo que se han producido caídas importantes de recursos, también se ha hecho lo posible por preservarlos".

Por otro lado, los autores del informe han señalado que las explicaciones de las diferencias están en razones históricas y políticas, como la foralidad (País Vasco y Navarra) o la valoración que se hizo en su momento de las competencias transferidas.

La distancia entre comunidades autónomas en gasto por habitante se eleva a 55 puntos porcentuales en el caso de la educación, a 37 en el de la sanidad y a 87 en el de la protección social (incluye pensiones, desempleo, dependencia y servicios sociales).

Según el informe, pese la caída en el gasto educativo durante la crisis, las comunidades han mantenido "el esfuerzo en este servicio medido en porcentaje sobre el PIB cuando se compara 2013 con 2007". De este modo, Extremadura y Andalucía son las que más porcentaje del PIB dedican a educación (6,5% y 5,7%, respectivamente), mientras que la Comunidad de Madrid (con un 2,6%) y Cataluña (3,4%) son las que menos porcentaje del PIB dedican en esta materia, competencia fundamentalmente de las comunidades autónomas.

Teniendo en cuenta sólo el año 2013, en País Vasco y Navarra es donde mayor gasto se realiza en educación (1.224 y 1.107 euros por habitante, respectivamente). En el lado opuesto se sitúa Madrid, la comunidad que menos gasto público por habitante ha realizado en educación, concretamente, 701 euros per cápita.

El estudio detalla que el gasto sanitario también sufrió desde el inicio de la crisis "importantes ajustes", hasta el punto de que en casi todas las comunidades se ha reducido el gasto real por habitante para situarse en 2013 a niveles de 2004 (1.357 euros per cápita de media).

Por comunidades, Andalucía fue la que menos gastó en esta materia con 1.182 euros por habitante en 2013, seguida de Baleares (1.274 euros), Comunidad Valenciana (1.301) y Cataluña (1.322). Por otro lado, Asturias fue la comunidad que más gastó en sanidad con 1.714 euros por habitante. Le siguen País Vasco (1.620 euros per cápita), Cantabria (1.530 euros) y Aragón (1.487 euros).

El informe señala que el gasto en esta materia (gestionada mayoritariamente por la Administración Central y la Seguridad Social) aumentó en los primeros años de la crisis, aunque a partir de 2009 se ha mantenido constante. No obstante, el gasto por habitante en protección social en 2013 en Asturias (5.751 euros) y País Vasco (5.516) casi dobla al de otras comunidades como Canarias (3.074).

Para mitigar estas desigualdades los autores del estudio defienden que, en los años de bonanza, se cree un fondo de provisión para estos servicios públicos fundamentales, similar al fondo de pensiones que ya existe.