El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Argoños han aprobado un convenio en el que asumen e identifican sus respectivas responsabilidades y obligaciones con las urbanizaciones con sentencia de derribo Pueblo de Mar y Las Llamas II.

En este acuerdo, ambas administraciones se reconocen responsables solidarios y detallan el modo de proceder para la ejecución de las sentencias, con el objetivo de ofrecer "una respuesta global y con plenas garantías al centenar de propietarios afectados", según ha explicado el Gobierno de Cantabria.

Se pretende ofrecer una respuesta "coordinada, coherente y eficiente en términos temporales y económicos" a los problemas de ejecución y responsabilidad que plantean las sentencias relativas a las urbanizaciones de Las Llamas II y Pueblo de Mar, ubicadas en Argoños.

En este contexto, el Ayuntamiento asume como obligaciones proceder a resolver los expedientes de autorización provisional, aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se encuentra en tramitación, y conceder las nuevas licencias a las viviendas afectadas por orden de demolición, con el fin de culminar el proceso de legalización de las urbanizaciones.

También, si llegara el caso de tener que demoler las viviendas, deberá realizar las actuaciones tendentes a este fin y habilitar suelo en los instrumentos de planeamiento para hacer factible la terminación convencional de los expedientes de responsabilidad patrimonial, mediante la entrega de nuevas viviendas a los afectados que lo deseen.

Entre otras cuestiones, el Ayuntamiento se encargará, además, de redactar los proyectos con cargo a su cuota de responsabilidad y resolver los expedientes de licencia para las viviendas a edificar con las se proveerá las indemnizaciones en especie que se pacten.

El Ayuntamiento colaborará también en la tramitación de los expedientes de responsabilidad y de realojo y coordinará con el Gobierno regional su actuación material y los criterios de resolución de los expedientes, a través de la comisión que a tal fin se crea en este convenio.

Por su parte, el Gobierno regional, en el ámbito de sus competencias aprobará de forma definitiva el PGOU y asumirá, en caso de que sea necesario, la construcción de las nuevas viviendas de sustitución, o en su caso, el importe de las indemnizaciones económicas que procedan.

El Ejecutivo asumirá también el coste de las indemnizaciones que se estimen en materia de responsabilidad patrimonial por daños morales e impulsará acuerdos de compensación con los afectados.

El pasado abril el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Escalante firmaron un convenio similar para garantizar en este caso los derechos de los afectados por la sentencia de derribo del edificio de Las Torres.

Al igual que en el caso de Argoños, se regula el reparto de las obligaciones de cada una de las Administraciones Públicas implicadas para la ejecución de la sentencia.