Compromís (Valencia) ha considerado una "temeridad" la decisión del Gobierno de llevar el ferry Sorrento, cargado de aceite y combustible, al puerto de Sagunto (Valencia), ya en éste "existe un polígono químico junto a una regasificadora, que afectaría a los espacios protegidos del litoral valenciano o mallorquín".

El diputado de Compromís en las Corts Juan Ponce ha señalado que pedirá "una reunión urgente con la Delegación del Gobierno para que explique a los implicados —Generalitat, Ayuntamiento de Sagunto y partidos políticos— las actuaciones que se llevarán a cabo".

La coalición se suma de este modo a Greenpeace, que ha apuntado que "después del reciente incendio del pesquero 'Olega Naydenov' en aguas canarias y la gestión de las tareas de extinción, la organización ecologista está siguiendo este nuevo suceso con preocupación".

Por su parte, la concejala de Compromís en Sagunto Teresa García ha asegurado que "el ayuntamiento no tiene ninguna información al respecto, salvo lo que dicen los medios". "Nuestro representante en la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) debería estar informado desde el primer minuto. No sabemos a qué astilleros se refiere la naviera Grimaldi, ya que los de Bulkan llevan cerrados y en desuso desde hace años", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que están "muy preocupados por la seguridad y el riesgo ambiental" y ha apuntado que desde la APV "siempre envían los desperdicios y los problemas a Sagunto, como es el caso del ferry Sorrento".

En este sentido, desde Compromís han remarcado el derecho a decir que no quieren recibir ese tipo de barco, "cosa que a día de hoy es imposible. Siendo una autoridad portuaria independiente al menos tendríamos la información y, en consecuencia, podríamos presionar para no recibir el ferry; está en juego la Marjal del Moros y al estar el puerto rodeado por un polígono químico, la situación es muy preocupante", ha concluido García.

Desde la coalición también han denunciado que el alcalde de Sagunto representa al municipio en la AVP, "pero sólo para cobrar unos cuantos miles de euros al año, no para defender los intereses de nuestra ciudad; esta situación demuestra la necesidad de capacidad de gestión y autonomía para nuestro puerto".