El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), ha considerado este sábado "desproporcionada" la operación policial realizada esta semana en el marco del caso Innova, y ha defendido el trabajo de regularización de la gestión y control del Ayuntamiento y las empresas municipales.

En una declaración institucional, ha afirmado que la investigación sobre Innova está resultando "demasiado larga" y que medidas como la operación de esta semana crean una alarma social que perjudica la imagen de la ciudad.

El Ayuntamiento de Reus pedirá una reunión con el presidente de la Audiencia de Tarragona y el fiscal jefe para exponer su "malestar", y se dirigirá al ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedir explicaciones.

El alcalde ha afirmado que la defensa de la teniente de alcalde Teresa Gomis como los servicios jurídicos de CiU están estudiando la presentación de recursos por la "desmesura" de los arrestos.

Pellicer ha pedido el reconocimiento hacia el trabajo de reordenación y regularización y defensa del interés público del equipo de gobierno, y ha sostenido que ha sido éste el que "ha puesto orden tras muchos años de unas dinámicas de funcionamiento alejadas de las normativas y procedimientos propios de una administración pública".

Ha afirmado que a partir del Informe de Intervención de 2012 sobre el funcionamiento del Ayuntamiento y las empresas municipales —incluyendo el Hospital y el Grupo Sagessa— se comenzaron a aplicar medidas correctoras, incrementando el control con la incorporación del secretario y el interventor municipales en los consejos de administración.

En diciembre de 2013, ha explicado, se encargó al jefe de Contratación del Ayuntamiento un informe sobre el grado de cumplimiento de la normativa, un estudio que "puso en alerta de que un porcentaje muy elevado de esta contratación no se adaptaba a las normativas del sector público y que fue el desencadenante de un ambicioso proceso de regularización de los procesos de contratación".

Ha recordado que en octubre de 2014 se aprobó por unanimidad por parte de los consejos de administración del hospital y Grup Sagessa el proceso de regularización de la contratación pública, y ha defendido que no se podían dejar sin efecto las contrataciones en curso ya que "habría podido comportar el planteamiento de cerrar centros hospitalarios".

El alcalde ha afirmado, respecto a presuntas irregularidades, que si se produjo un desajuste económico de 2,5 millones de euros por la compra de prótesis "corresponde al año 2007 y, obviamente, nada tiene que ver con el actual gobierno municipal ni con la dirección del hospital y el Grup Sagessa".

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