El Gobierno de la Nación ha alcanzado un acuerdo con la Junta de Andalucía por el que dan por "solventadas" las "discrepancias" entre ambas administraciones sobre varios artículos de la Ley 3/2014 de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas aprobada por el Ejecutivo autonómico y, en consecuencia, no recurrirá la citada norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

Este acuerdo fue alcanzado el pasado 19 de marzo en una reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía y suscrito por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero andaluz de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios.

Dicho acuerdo, consultado por Europa Press, considera "solventadas las discrepancias competenciales" entre ambas administraciones en relación con los artículos 1 a 4 de la citada Ley, así como sobre los apartados 37, 38, 40, 41, 43, 44 y 61 del Anexo I; 6 y 12 del Anexo II; y los apartados 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 2.22 y 2.23 del Anexo III.

La solución alcanzada en la mayoría de los casos se basa en un acuerdo sobre la interpretación de las competencias para el régimen de autorización de diferentes actividades y sólo exige la modificación puntual por parte de la Junta de dos apartados de un anexo final de la Ley relativo a las instalaciones para la producción de energía.

No obstante, tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía deja claro que el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación "no prejuzga ni tiene incidencia en el recurso de inconstitucionalidad" interpuesto por el Ejecutivo autonómico contra varios artículos de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que está pendiente de resolución.

La ley aprobada por el Gobierno andaluz permitirá simplificar 64 trámites derivados de normativa autonómica que afectan al inicio o al desarrollo de la actividad económica. Según la Junta, el texto agiliza también el trámite de calificación ambiental en 36 actividades, abre a los ayuntamientos la posibilidad de determinar actividades económicas inocuas a efectos de licencias municipales y refuerza las funciones de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía para incorporar las relativas a la regulación económica.

De los 64 procedimientos recogidos, 23 son autorizaciones administrativas que se sustituirán por el trámite de 'declaración responsable', que implica la firma de un documento acreditativo del cumplimiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad; 22 pasarán a requerir tan sólo una comunicación previa, limitada a la notificación, y los 19 restantes se eliminarán totalmente.

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