Unión, Progreso y Democracia (UPyD) asegura que mejorará la calidad de la justicia y suprimirá la figura del aforamiento. Así se desprende del programa electoral, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que anuncia que llevará a cabo un proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía con el punto expreso de la supresión del aforamiento en los diputados autonómicos.

Además instará al Gobierno de la Nación a que derogue la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, así como a paralizar la tramitación del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

También impulsará las medidas oportunas a fin de recuperar el Servicio de Orientación Jurídica o el de Asistencia Psicológica y gestionará "de forma eficaz" la Justicia gratuita, "garantizando el abono puntual e íntegro a los abogados del turno de oficio y simplificando la tramitación de este servicio por los ciudadanos, eliminando trabas burocráticas innecesarias".

UPyD indica que dotará a los Juzgados y Tribunales de los medios personales y materiales necesarios, "realizando una adecuada y eficaz gestión de personal que incluya el redimensionamiento de plantillas o el replanteamiento de las medidas de refuerzo", con especial atención a los Juzgados que se ocupan de casos de corrupción.

Creará un servicio de Ventanilla Única para la recepción de todo tipo de escritos, iniciadores e interlocutorios, y para todos los órganos jurisdiccionales y reconfigurará las sedes de los órganos judiciales de la Región de Murcia "conforme a un proyecto racional y eficiente", manteniendo la construcción de las sedes en la ubicación prevista en el caso de que sea viable.

En relación con menores infractores, indica que promoverá un acuerdo con las Comunidades Autónomas para la firma de un convenio de financiación y utilización conjunta de centros y recursos, "para que cualquier menor al que se le imponga una medida privativa de libertad pueda cumplir la sanción impuesta en el centro más próximo a su domicilio independientemente de la comunidad de residencia"; articulando igualmente la colaboración en la gestión, por parte de las entidades locales, de las medidas de medio abierto impuestas por el Juez.

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