El Gobierno de Cantabria deberá devolver un total de 1.351.000 euros correspondientes a una subvención, más los intereses, que le concedió la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural en 2009 para el sellado de los vertederos de Reinosa, Potes y de El Mazo al haber incumplido la obligación de acreditar la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la misma.

Además, Cantabria tampoco clausuró el vertedero de El Mazo dentro del plazo establecido para justificar la subvención ni ejecutó la clausura del vertedero de Potes.

Así lo establece la Audiencia Nacional en una sentencia en la que la desestima el recurso contencioso administrativo presentado por el Gobierno de Cantabria contra la resolución de la citada Dirección General por la que se exigía el reintegro de la subvención de 1.130.531 euros concedida a la comunidad autónoma, más 220.640 euros en concepto de intereses de demora.

En declaraciones a Europa Press, el Gobierno regional ha anunciado este jueves que recurrirá dicha sentencia ante el Tribunal Supremo porque entiende que no debe devolver ese dinero ya que se concedió para el sellado de un vertedero (el Mazo) que efectivamente se realizó.

En la sentencia de la Audiencia Nacional, Cantabria recurrió el reintegro de la subvención alegando que se le permitía subcontratar el 100% de las actividades subvencionadas, lo que hizo a través de una de sus empresas públicas, MARE, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Consejería que hizo constar por error que la ejecución y presentación de la cuenta justificativa tendría como fecha límite el 30 de junio de 2012, cuando, realmente, el plazo finalizaba el 31 de marzo de 2012.

El Gobierno regional alegó que MARE llevó a cabo las contrataciones necesarias para proceder a la clausura de los tres vertederos, por lo que su actuación no está sujeta a la fiscalización de la Intervención General. No obstante, sí aportó las certificaciones de obra y los controles de ejecución por la persona responsable de proyectos de MARE.

En definitiva, el Gobierno alegó que la no remisión por parte de la Comunidad Autónoma del informe de Intervención que acredita la veracidad y regularidad de la documentación justificativa no es causa suficiente para exigir el reintegro total de la subvención.

Además, afirmó que los retrasos en los sellados fueron "convenientemente justificados" por lo que no pueden conllevar el reintegro total. Y que los vertederos de El Mazo y Reinosa fueron clausurados, y no se ejecutó el proyecto de Potes, por lo que, en su defecto, procedería un reintegro parcial de 75.070 euros.

Sin embargo, la Audiencia Nacional considera en su sentencia que el que la comunidad pudiera subcontratar las actividades subvencionadas no implica que esté exenta del requisito de la justificación del informe de Intervención u órgano de control equivalente.

Por tanto, dice el alto tribunal, "con independencia que haya existido una subcontratación, es Cantabria la que debe responder de la subvención otorgada y cumplir los requisitos exigidos para su otorgamiento, entre los que se encuentra la exigencia de un informe emitido por la Intervención u órgano de control equivalente de la comunidad autónoma, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención".

Además, la Audiencia Nacional subraya que la obligación de justificación se incumple también, en principio, cuando, fijada una fecha límite para hacerlo, la comunidad no acreditó en tiempo y forma el cumplimiento de las condiciones que le habían sido impuestas.

El gobierno recurrirá

La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha explicado a esta agencia que el proceso al que se refiere la sentencia tuvo lugar cuando se produjo en cambio de Gobierno, en 2011, y "nadie advirtió" al Ejecutivo entrante que podía solicitar una prórroga para seguir sellando el vertedero de El Mazo, por lo que "pasó el plazo".

"El Gobierno de Cantabria entiende que ese dinero no hay que devolverle porque en su momento se concedió para sellarlo (El Mazo)", por lo que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo, ha afirmado.