La jueza Alaya pide seguir con las macrocausas de los ERE, los cursos y los avales

  • El CGPJ es el organismo competente para aprobar o no la solicitud de la jueza.
  • Para continuar con las causas, Alaya deberá tomar posesión de la plaza que obtuvo en Sevilla, luego cesar y después comenzar con la comisión.
  • Las comisiones de servicio se conceden por un período de seis meses prorrogables y sin límite temporal.
La jueza Mercedes Alaya
La jueza Mercedes Alaya
EFE/ Raúl Caro

La jueza Mercedes Alaya ha remitido este jueves un informe para solicitar una comisión de servicio y continuar con la instrucción de las macrocausas de los ERE, de los cursos de formación y la denominada de los avales, todas ellas referentes a la gestión de la Junta de Andalucía.

Fuentes judiciales han explicado a los periodistas que el informe se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que deberá emitir un informe no vinculante al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el organismo competente para aprobar o no la solicitud de la juez.

El CGPJ es

el organismo competente para aprobar o no la solicitud de la juezPara continuar con las macrocausas, algunas con cuatro años de antigüedad, como los ERE, Alaya deberá tomar posesión de la plaza que obtuvo en la Audiencia de Sevilla, luego cesar y después comenzar con la comisión de servicio, lo que podría hacerse sin interrumpir la instrucción de las causas.

Todo ello se prevé que pueda concluirse en junio próximo, han añadido las fuentes tras recordar que, ahora mismo, Alaya tiene una prórroga hasta que María Núñez Bolaños, juez de primera instancia 17 de Sevilla, tome posesión de la plaza que ayer le concedió el Consejo en el juzgado de instrucción 6 de la ciudad.

En su informe, la juez explica las razones por las que debería continuar con las macrocausas que instruye, de las cuales la relativa a los cursos de formación comenzó en 2014 y la de los avales impulsó en febrero pasado.

En la de los cursos, Alaya ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como a otros 16 políticos de toda la comunidad, a los que detuvo y luego puso en libertad con cargos, y mantiene como testigo protegido a un antiguo responsable de formación de la Junta.

Respecto al caso de los avales, las primeras declaraciones de los cuatro imputados, todos ellos ex altos cargos de la Junta, están previstas la próxima semana.

Las comisiones de servicio con relevación de funciones que ha pedido Alaya se conceden por un periodo de seis meses prorrogables y sin límite temporal, y la intención de la juez es continuar en el juzgado pidiéndolas hasta que pueda concluir las macrocausas que tramita.

Plan de refuerzo "ambicioso"

La iniciativa de la juez se produce después de que esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) propusiera un plan de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que calificó de "ambicioso" y que consiste en dotarlo con hasta tres jueces más, dos en comisión de servicio y quizás un juez de adscripción territorial.

El plan de refuerzo, que incluye el mantenimiento de los funcionarios de apoyo al juzgado, se propone al Consejo para dar respuesta a las "macrocausas" que tramita ese juzgado, "de gran complejidad y voluminosidad".

Los nuevos jueces tendrán que colaborar "con el nuevo titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el juzgado conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe esta Sala de Gobierno", precisa el TSJA.

También se solicitará al Ministerio de Justicia que mantenga y prorrogue el secretario judicial de apoyo, y a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía se le pedirá que haga lo mismo con la actual dotación de funcionarios de refuerzo.

El TSJA pretende "minimizar, en la medida en que legalmente sea posible, los inconvenientes que puedan derivar del necesario cese de la actual titular y la ineludible incorporación de otro distinto".

El plan "permitiría un impulso continuado" de las causas así como ganar "celeridad y eficacia en su tramitación", y también ofrecería "una imagen de agilidad y eficiencia en asuntos que tienen una importante trascendencia social", subraya el TSJA.

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