El contundente informe de la Fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado, a favor de la extradición de Alberto Fujimori, abre el camino para que el ex mandatario peruano sea entregado a la Justicia de su país.

El informe, que no es vinculante para el juez del caso, Orlando Álvarez, establece que el ex mandatario (1990-2000) debe responder ante la Justicia peruana por dos casos de violaciones de derechos humanos y ocho delitos de corrupción, según confirmó la propia Maldonado a los periodistas.

Los delitos corresponden a peculado o malversación de caudales, falsedad material e ideológica, colusión desleal, corrupción activa y homicidios calificados en los casos de las masacres de La Cantuta donde fueron asesinados ocho estudiantes y un profesor y de Barrios Altos, donde murieron quince personas.

Respecto de estos dos últimos casos, Maldonado aclaró que los concibió como delitos de homicidio calificado y lesiones graves "porque así los calificó la Corte Suprema peruana".

Delitos de lesa humanidad

Agregó, sin embargo, que en sus fundamentos sostiene que en base a los tratados del derecho penal internacional "son delitos de lesa humanidad, sin perjuicio que no fueron pedidos como tales".

Según abogados y analistas, la contundencia del informe de la Fiscal deja al ex mandatario peruano -que desde que llegó a Chile se convirtió en una "piedra en el zapato" para el Gobierno- a un paso de enfrentar los tribunales de su país, con la posibilidad de ir a la cárcel.

Esperan que el juez tenga en cuenta el informe

El abogado del Estado peruano, Alfredo Etcheverry recordó que el informe de la Fiscal no obliga al juez Orlando Álvarez, que puede tenerlo o no en cuenta para su fallo de primera instancia, alabó el informe de la fiscal.

"Es una opinión jurídica muy contundente, muy seria y espero que la sentencia que se dicte respete el informe de la fiscal", indicó el jurista.

Maldonado emitió su opinión tras examinar una docena de cuadernos que contiene el proceso, en el que figuran los antecedentes aportados por el Estado peruano, que pidió su extradición, y los argumentos allegados por la defensa del ex mandatario.

El informe, que fue enviado este jueves al juez Orlando Álvarez, quien se encuentra con licencia médica, será una referencia para su fallo de primera instancia, que de todas maneras será apelado por la parte afectada.

La última palabra, la Corte Suprema

La última palabra la tendrá la Corte Suprema, que deberá celebrar audiencias con alegatos de la acusación y la defensa.

La resolución final del máximo tribunal no sólo definirá si Fujimori debe responder por sus presuntos crímenes, sino que también delimitará las causas que podrá investigar la Justicia peruana, como establece el tratado de extradición bilateral.

El proceso de extradición se inició en enero de 2006 después que Fujimori llegara inesperadamente a Chile en noviembre de 2005 desde Japón, donde se había asilado el año 2000.

La llegada del polémico ex mandatario peruano se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Gobierno chileno y para su homólogo peruano, ambos presionados por la inquietud sobre una eventual fuga de Fujimori, reavivada tras conocerse el informe de la fiscal Maldonado.

Estudian pedir su detención

Sobre esa base, el abogado Etcheverry anunció que estudia pedir la detención, aunque sea domiciliaria, de Fujimori, que está en libertad provisional, pero sujeto a una orden de arraigo que, según el Gobierno peruano y los familiares de las víctimas, no será un impedimento si decide escapar.

En Chile, en tanto, agrupaciones de derechos humanos, el comité de refugiados políticos peruanos y parlamentarios socialdemócratas pidieron esta semana a las autoridades de Gobierno y a la Corte Suprema que Fujimori sea detenido para evitar una eventual fuga.

Al respecto, el Gobierno chileno dio garantías al Estado peruano.

La presencia de Fujimori en Chile es repudiada por sectores progresistas chilenos que se han manifestado públicamente a favor de su extradición a Perú, mientras en la derecha política no se han levantado voces a su favor.

La defensa de Fujimori minimizó el informe de la fiscal, que según el abogado Gabriel Zaliasnik, "ratifica lo que hemos dicho, de que la solicitud de extradición es extraordinariamente débil", pues acoge "sólo algunos de los casos y a la vez, sólo algunos de los delitos imputados en esos casos".

El ex presidente peruano "está tranquilo" tras conocer el informe, pues "es un trámite más", afirmó Francisco Velozo, uno de los abogados del ex mandatario.

Humala: "Se refuerza la esperanza de la aplicación de justicia"

El líder nacionalista peruano Ollanta Humala afirmó que la recomendación de la fiscalía de Chile, favorable a la extradición del ex presidente Alberto Fujimori, "refuerza la esperanza sobre la aplicación de la justicia en la región".

Humala indicó, en un comunicado, que el pronunciamiento de la Fiscal de la Corte Suprema "también es un aliento para aquellas familias que han luchado por años, sobre la necesidad de juzgar en el país al sindicado como responsable de la muerte de estudiantes, profesores y demás civiles".

Perú: entre el júbilo y la prudencia

El júbilo de los defensores de los derechos humanos se mezcló ayer con la prudencia del Gobierno peruano y el temor a una fuga de Alberto Fujimori en Chile tras conocerse la recomendación de la fiscalía de la Corte Suprema chilena de extraditar al ex presidente.

Las mayores muestras de alegría por la decisión no vinculante de Mónica Maldonado llegaron de parte de las organizaciones no gubernamentales y los familiares de las víctimas del régimen fujimorista (1990-2000).

Estas asociaciones vienen denunciando desde la década pasada delitos de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares supuestamente creados y organizados por el propio Fujimori junto al que fuera su asesor, Vladimiro Montesinos, encarcelado en Lima.

Delitos aprobados por la fiscal chilena para la extradición de Fujimori:

1.- Homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzosa en las masacres de Barrios Altos (1991), donde murieron quince personas, y de la Universidad La Cantuta (1992), cuyas víctimas fueron un profesor y nueve alumnos.

Estos crímenes los cometió supuestamente el grupo militar Colina, organizado por el entonces asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Pena mínima de quince años en la justicia peruana.

2.- Malversación de fondos públicos y falsedad ideológica por indemnizar con 15 millones de dólares a Montesinos por sus diez años de servicio a su Gobierno. Tras recibir el pago, el ex asesor se fugó a Panamá. Pena de hasta ocho años.

3.- Corrupción activa de funcionarios por pagos a congresistas tránsfugas para que apoyaran la reelección de Fujimori en el año 2000, tal y como se comprobó en una serie de vídeos grabados por Montesinos. Pena mínima de cinco años.

4.- Malversación de fondos públicos por espionaje telefónico a decenas de políticos, empresarios, periodistas y funcionarios ordenado por Montesinos. Pena de hasta cinco años.

5.- Malversación de fondos públicos y otorgamiento de un contrato simulado por la transferencia ilegal de fondos de los Ministerios de Defensa e Interior al hoy desactivado Servicio de Inteligencia Nacional. Pena de hasta quince años.

6.- Delito de malversación de fondos públicos por pagar la millonaria deuda tributaria que el publicista argentino Daniel Borobio, contratado en 2000 en la campaña de Fujimori para la reelección, tenía contraída con el Estado peruano. Pena de hasta ocho años.

7.- Malversación de fondos públicos por pagos ilegales al astrólogo Héctor Faisal, quien fue contratado por Montesinos para difamar a los opositores de Fujimori a través de internet y publicaciones populares. Pena de hasta ocho años.

8.- Colusión en calidad de participación como cómplice necesario por la adquisición irregular de medicinas a laboratorios chinos. Pena de hasta quince años.

9.- Malversación de fondos públicos por la compra de tractores a China sin cumplir las normas legales. Pena de hasta diez años.

10.- Falsedad genérica por aprobar decretos de urgencia para la adquisición de armamento. Pena de hasta ocho años.

Sólo dos expedientes, el del allanamiento de la casa de Montesinos y el de las torturas en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército, fueron rechazados en su totalidad por la fiscal.