El que fuera consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010, Antonio Fernández, ha llegado este jueves, cuando apenas faltaban un par de minutos para las 10,00, hora a la que estaba citado, para declarar ante el magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro por los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.

La declaración de Fernández se produce por petición de los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y, como ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha sido llamado ante el alto tribunal en la misma situación procesal, por lo que debe comparecer asistido de letrado y no tiene obligación de decir verdad.

La declaración de Fernández llega tras la primera ronda de interrogatorios a los cinco aforados ante el Alto Tribunal —los dos expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los diputados y exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera y la senadora y también exconsejera Mar Moreno— y después de que este pasado martes también declarara el exinterventor Manuel Gómez, también imputado y que aseveró ante el juez que la Intervención alertó de las irregularidades en el sistema pero que el Gobierno andaluz "miró para otro lado" e hizo "oídos sordos" a las advertencias.

Fernández ha comparecido en varias ocasiones ante la juez Alaya, la última este mismo martes cuanto el exconsejero de Empleo, al igual que otros 13 ex altos cargos, se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

La primera declaración de Fernández ante Alaya se produjo hace justo tres años, en abril de 2012, tras la cual la juez ordenó su ingreso en prisión sin fianza al considerarle uno de los artífices del sistema que presuntamente permitió el reparto de ayudas sin control ni publicidad. En julio del mismo año la Audiencia de Sevilla autorizó su salida de la cárcel bajo una fianza de 450.000 euros, una cantidad que el exconsejero reunió finalmente y que le permitió abandonar la prisión el 10 de agosto. Fernández ha sido el excargo más alto de todos los imputados por los ERE que ha llegado a entrar en prisión.

En su declaración ante la instructora, Fernández aseveró que fue su antecesor en la Consejería, José Antonio Viera, quien, en 2001, adoptó la "decisión" de la que nació el convenio que supuestamente se utilizó como instrumento para que los fondos de la partida presupuestaria 31L esquivasen las fiscalizaciones propias de las subvenciones excepcionales. No obstante, Fernández defendió que no le constaban directrices de Viera para que las ayudas favoreciesen especialmente a personas o zonas.

El exconsejero también manifestó que tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán en sus roles de presidentes del Gobierno andaluz "conocían el procedimiento establecido porque estaba en el presupuesto" a través de la partida 31L.

En aquella ronda de declaraciones, Fernández también desveló que un informe emitido en 2008 por la agencia IDEA y refrendado por la Intervención General de la Junta avaló y consideró "correcto" el convenio marco suscrito en 2001 por el que se regularon las ayudas irregulares investigadas.

Aquella declaración del exconsejero ante Alaya fue sumamente tensa e incluso se tornó en discusión entre ambos en una de sus jornadas, cuando la magistrada, ante las evasivas del imputado, le pidió que no se anduviera "por las ramas" y asumiera "su responsabilidad" como consejero al entender que "tenía que estar al tanto" de lo que ocurría con las ayudas investigadas.