El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recriminó a España que no haya aportado datos concretos sobre actos de tortura, investigaciones sobre esos crímenes, personas condenadas e indemnizaciones a víctimas, a pesar de que le fueron solicitados específica y reiteradamente. El Comité analizó la implementación por parte de España de la Convención contra la Tortura.

En la primera sesión, todos los relatores demandaron a la delegación española, liderada por la embajadora de España ante la ONU, Ana María Méndez Pérez, que aportara datos concretos sobre los crímenes que competen al Comité. "No obstante, en la siguiente los diferentes personas que han intervenido en la delegación durante una hora y media no nos han aportado datos concretos sobre los delitos de tortura", lamentó Abdoulaye Gaye, relator del informe de España.

"Los datos estadísticos nos ayudarían a comprender cuál es realmente la situación en España", agregó el presidente del comité y segundo relator del informe sobre España, Claudio Grossman. En la misma línea, Jens Modvig recriminó a la delegación española que no hubieran contestado a su pregunta respecto a qué había ocurrido con los supuestos 300 casos de tortura denunciados en los últimos cuatro años y preguntó cuántos de ellos se habían investigado, cuántas personas habían sido castigadas y cuántas indemnizadas.

Varios de los especialistas de la delegación española que intervinieron presentaron al Comité ejemplos de víctimas, condenados e investigaciones en curso, sin datos globales de ninguna de estas categorías. Grossman destacó la información aportada de que está en marcha una reforma para que la prescripción de los actos de tortura se amplíe de 10 a 15 años. "Recuerdo que la doctrina de este Comité es que la tortura, como crimen internacional grave, es imprescriptible", observó.

Asimismo, el presidente del Comité volvió a sorprenderse públicamente del hecho de que un grupo de Mossos d'Esquadra (policía autonómica de Cataluña) fuera indultado tras ser condenados por torturas. "El crimen de tortura es muy grave. Y cuando ha sido cometido por agentes de las fuerzas del orden, aún más. Nos preocupa que frente a los actos de tortura se haya dado un indulto que, además, en primera instancia había sido denegado por el Poder Judicial y posteriormente concedido por el Gobierno", aseveró Grossman.

Modvig, Gaye y Grossman se refirieron asimismo a los inmigrantes y solicitantes de asilo de los centros de acogida de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para mostrar su sorpresa por el hecho de que la delegación española haya dicho que solo se han investigado tres casos de tortura, a pesar de que albergan a cientos de personas.

Asimismo, pusieron de nuevo de manifiesto que esos centros no cuentan con cámaras de vídeo que puedan filmar lo que allí ocurre "para evitar, entre otros, falsas acusaciones", en palabras del presidente. Modvig, además, pidió información sobre los planes de "expulsar en caliente" a los inmigrantes que intentan acceder a territorio español.

La delegación de España respondió a la pregunta de Alessio Bruni sobre los castigos de hasta 42 jornadas seguidas de confinamiento solitario para los reos acusados de actos de terrorismo. Los especialistas españoles explicaron que se puede aplicar hasta tres castigos seguidos de 14 días, pero siempre autorizados por un juez y con visitas diarias de un médico.