Las asambleas de trabajadores del servicio de recogida de basuras de Madrid votaron este miércoles a favor de ir a la huelga el próximo 11 de mayo, desde las 7 horas y con carácter indefinido, para forzar a las empresas adjudicatarias del servicio a garantizar la estabilidad de sus empleos con un convenio colectivo único válido para las dos áreas en que se divide la ciudad (centro y periferia).

Los operarios, reunidos por la mañana y por la tarde, votaron afirmativamente a la propuesta de convocar un paro después de constatar los avances "escasos" en la negociación del nuevo convenio, que CC OO, CGT y UGT quieren tener listo antes de que el Ayuntamiento vuelva a sacar a concurso el contrato, a finales de este año.

Estas con las claves del conflicto.

La recogida está dividida en dos lotes: los distritos del centro y los de la periferia. El primero está en manos de FCC. El segundo fue adjudicado a finales de 2014 a la UTE formada por Ferrovial y ACS, que asumió la plantilla y las condiciones laborales que había hasta el momento.  FCC, que había prestado el servicio durante 74 años, denunció la concesión ante los tribunales al entender que sus competidores habían hecho una oferta económica irreal y que la valoración era injusta.

La plantilla está compuesta por unas 1.500 personas en la zona centro y 1.000 en el arco exterior. Solicitan un nuevo convenio unitario que garantice las mismas condiciones de trabajo independientemente del puesto y del distrito donde se trabaje. Pero, por encima de todo, demandan que se mantengan sus empleos cuando los contratos de gestión actuales finalicen, cosa que ocurrirá en diciembre de 2015.

El Ayuntamiento tiene previsto sacar a concurso toda la gestión de los residuos sólidos urbanos en Madrid a partir de 2016 mediante un contrato integral que englobe toda la ciudad. Los anteriores servicios adjudicados por el equipo de Ana Botella (movilidad, limpieza urbana y jardinería, alumbrado, mantenimiento de Madrid Río) han supuesto bajas, por lo que empleados y sindicatos quieren blindar sus puestos de trabajo.

El Ayuntamiento obliga a las empresas a subrogar a los trabajadores, pero esta pauta no siempre se respeta y nada impide que, una vez cumplido el trámite, el trabajador sea despedido o sus condiciones laborales, modificadas. El nuevo convenio colectivo en negociación incluiría una cláusula que penalizaría de manera contundente cualquier intento de ERE: 100 días de indemnización por año trabajado.

FCC reivindica su derecho a negociar con sus trabajadoresTras más de media docena de reuniones, no ha habido acuerdo. FCC se niega a implementar un convenio que agrupe también a trabajadores que, de momento, no son suyos, como corresponde a los de la periferia. Además, reclama su derecho a negociar sus propias condiciones de trabajo.

Que no respaldará ninguna huelga que suponga un intento de "instrumentalización" de los servicios públicos en plena campaña electoral. La alcaldesa, Ana Botella, amenazó este miércoles con tomar medidas si vuelve a provocarse una situación como la de noviembre de 2013, cuando una huelga contra el ERE de las empresas de limpieza urbana convirtió Madrid en un basurero durante dos semanas.

PSOE, IU y UPyD acusaron a Botella de ser "incapaz" de resolver una situación creada por ella misma, ya que el Ayuntamiento se negó a incluir en los pliegos de condiciones de los grandes contratos el número mínimo de trabajadores que debían adscribirse a cada servicio. "Los trabajadores no quieren más dinero, sino estabilidad laboral. Ya se congelaron el salario durante dos años y demostraron su dignidad luchando por sus empleos. Una huelga es una cosa muy seria, porque cuando van, los trabajadores no cobran", señala la candidata de IU, Raquel López.