El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, ha anunciado que el Ejecutivo impulsará una Ley en otoño para dar "mayor seguridad jurídica" a las víctimas de abusos policiales y considera que la Administración central "ha intentado tumbar y anular", sin éxito, todas las políticas que ha desarrollado en esta materia. En este sentido, ha asegurado que el Gabinete de Iñigo Urkullu "mantiene su determinación de que ninguna víctima de vulneración de derechos humanos se queda sin reconocimiento".

Fernández ha realizado estas declaraciones a Europa Press después de que este martes se conociera que el TSJPV había anulado parte del Decreto del 16 de octubre de 2013 de 'declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco'. El tribunal vasco dictó sentencia en base al recurso presentado por la Abogacía del Estado.

El Secretario de Paz y Convivencia ha manifestado que "no se puede olvidar que en el recurso presentado por el abogado del Estado había un objetivo por parte del Gobierno español, que era tumbar y anular las políticas de abusos policiales que estaba desarrollando el Gobierno vasco". "Desde ese punto de vista, hay que decir que la sentencia no tiene efectos prácticos, no altera nuestras políticas y vamos a continuar haciéndolas", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que el Ejecutivo es "consciente de que este contexto" puede ser utilizado por "algunos para criticar al Gobierno", pero lo importante es que "se mantiene la determinación de que ninguna víctima de vulneración de derechos humanos quede sin reconocimiento". "Esa política va a seguir adelante", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que, en este contexto, "lo más importante es conseguir la mayor seguridad jurídica posible para las víctimas". En esta línea, cree que "la vía del decreto, heredada de la anterior legislatura, ha ayudado a abrir camino", pero también tiene "sus limitaciones y sus defectos".

A su juicio, "no ofrece la suficiente seguridad jurídica a las víctimas" y, en consecuencia, considera "más poderosa la figura de una Ley".

"Para eso, hemos encargado al Instituto Vasco de Criminología (IVAC) un trabajo de investigación y de presentación de un borrador de texto que, inmediatamente, pondríamos a disposición de todos los grupos parlamentarios en otoño, en octubre o noviembre", ha apuntado.

Jonan Fernández ha señalado que, con ello, el Gobierno vasco "reafirma que su determinación de dar respuesta a todas las víctimas y a los derechos de verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, no sólo se mantiene, sino que se refuerza".

Sentencia del tsjpv

Además, ha considerado que la sentencia del TSJPV "tiene efectos muy limitados, teniendo en cuenta que el plazo de admisión de casos del decreto está ya agotado hace más de un año". "El efecto es muy leve, no está anulado el desarrollo del decreto y tendremos que hacer algún ajuste técnico, pero eso no nos va a crear problemas", ha manifestado. En todo caso, ha apuntado que, "mirando al futuro, la herramienta de la Ley va a otorgar más seguridad jurídica y más fuerza al proceso".

Jonan Fernández ha apuntado que "se tiene que tener en cuenta lo que dice la sentencia, pero también lo que dicen las instituciones internacionales de derechos humanos en esta materia".

"Este debate ya se lo han planteado las instituciones internacionales de derechos humanos. ¿Cómo se prueba en un régimen dictatorial, en un marco de impunidad, porque estamos hablando de 1960-1978, lo que se ha hecho y ha ocurrido hace 40 años?. Este problema no lo tenemos solo en Euskadi, lo tienen en otros muchos lugares del mundo y Naciones Unidas tiene una serie de recomendaciones, de baremos, de criterios para canalizar estos casos y para valorar su tecnicidad y veracidad", ha indicado.

Asimismo, cree importante resaltar que el Decreto ha permitido reconocer e indemnizar a víctimas asesinadas. "La sentencia no dice nada de estos reconocimientos, se refiere solo a los casos de indemnizaciones por debajo de 10.000 euros. Estamos hablando de un segmento de casos muy concreto y muy específico", ha señalado.

Después de que la redacción técnica del IVAC del texto que se planteará como proposición de Ley, el Gobierno vasco "entablará un diálogo abierto con todos los grupos parlamentarios".