El empresario jerezano José María Ruiz Mateos ha presentado en un juzgado de Valladolid, donde este mismo martes estaba previsto un juicio contra él por delitos fiscales, una copia de su ingreso hospitalario, que estudiará este miércoles el juez, ya que se requiere el original para evitar una posible orden de busca y captura.

El juez, que había advertido que si a las tres de la tarde el empresario no presentaba la documentación dictaría una orden de busca y captura contra él, tendrá que decidir este miércoles sobre este asunto, ya que la defensa de Ruiz Mateos ha presentado una copia sobre su ingreso en la noche de este lunes en la Unidad Coronaria de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, pero no el documento original, han asegurado fuentes jurídicas.

Hacia las 9.30 de este martes, hora en la que estaba prevista el inicio del juicio, el tribunal ha considerado que no estaba justificada la incomparecencia de José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada, de 84 años, por lo que el juez ha asegurado que dictaría una orden de busca y captura para el acusado que quedaría suspendida si se documentaba el ingreso en la UCI del empresario jerezano.

A la vista oral, sí han asistido el hijo del empresario jerezano José María Ruiz Mateos Rivero, también encausado en el mismo procedimiento por dos delitos contra la Hacienda Pública, y otra mujer también procesada, E.S.C., acusada de los mismos delitos como cooperadora necesaria, cometidos en 2009 y cuya cuantía superaría los ocho millones de euros.

Según fuentes cercanas al fundador de Nueva Rumasa, Ruiz Mateos ingresó este lunes por la noche en el centro hospitalario, donde se le ha colocado un marcapasos, motivo por el cual no pudo trasladarse al juicio que se celebraba este martes en Valladolid.

Sin embargo, el juzgado no considera justificada la ausencia del empresario, máxime cuando desde que el pasado viernes comunicó su indisposición ha estado poniendo trabas a que un forense de Madrid acudiera a su domicilio para someterle a un reconocimiento, según ha advertido el acusador público.

Ruiz Mateos y su hijo del mismo nombre se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas.

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.

La tercera imputada, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.