El que fuera Interventor General de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 Manuel Gómez Martínez ha llegado este martes, pasadas las 9,30 horas, al Tribunal Supremo para declarar ante el instructor Alberto Jorge Barreiro, que le interrogará en calidad de imputado, sobre su responsabilidad en las advertencias que se dieron en relación con los trámites de concesión de los ERE presuntamente fraudulentos en Andalucía y otras ayudas socio-laborales.

La comparecencia de Gómez Martínez se produce tras finalizar el instructor de la causa el interrogatorio de los cinco aforados nacionales, entre los que se encontraban los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que afirmaron no haber tenido conocimiento de ningún informe de la Intervención que les advirtiera de irregularidad alguna en el sistema de concesión de ayudas. Para este jueves el instructor ha citado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Gómez ya está imputado en la causa que tramita la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, y ahora es llamado ante el alto tribunal en la misma situación procesal, por lo que comparece asistido de letrado, junto al que ha llegado a la sede del Supremo, y no tiene obligación de decir verdad.

La petición para su interrogatorio fue realizada por los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar y también fue solicitada por él mismo y por la acusación popular que ejerce Manos Limpias.

El gobierno andaluz conoció las irregularidades

Cabe recordar que en su declaración ante la juez Alaya, en julio de 2013 manifestó que el Consejo de Gobierno andaluz al completo tuvo "conocimiento" de las irregularidades reflejadas en distintos informes por la Intervención en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE.

Gómez calificó de "absolutamente impensable" que el entonces presidente de la Junta y consejero de Hacienda entre los años 2004 y 2009, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General, ya que se trataba, a su juicio, "de una patología presupuestaria singular".

Asimismo, el exinterventor, que no obstante ha defendido la legalidad del procedimiento, puso de manifiesto que cuando en 2010 el sistema de las transferencias de financiación se sustituyó por la denominada encomienda de gestión el sistema "no varió ni mejoró" porque seguía sin existir una fiscalización previa.

De igual modo, reveló que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.

No hubo informe de actuación

Asimismo, y durante su declaración, Manuel Gómez explicó a la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla que no realizó un informe de actuación en torno a las irregularidades detectadas, y a fin de que éstas se elevaran al Consejo de Gobierno, porque no podía al no haber detectado un menoscabo en los fondos públicos y porque "hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional, que se quedó en un cajón".

"El consejero responsable de IDEA lo habría dejado en un cajón", señaló el imputado, a quien la juez cuestionó sobre si recibió "presiones políticas" a fin de que no emitiera el informe de actuación, pero el imputado lo ha negado en todo momento.