El fiscal ha pedido una pena de cinco años de cárcel para los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta por delitos fiscales, de apropiación indebida y falsedad documental en el caso de la 'caja B' del partido, así como otros 18 meses para el exgerente, Cristóbal Páez.

En su escrito de acusación, el fiscal del caso Bárcenas solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica que reformó la sede del PP de Génova, y pide el archivo de la causa para el PP por un delito fiscal de 2008 que habría derivado de los donativos de empresarios de los papeles de Bárcenas, ya que no se ha justificado "debidamente" dicho delito.

Por otra parte, el fiscal no ve delito tributario del PP en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque considera al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede, atribuidos a los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. En el escrito de acusación del 'caso Bárcenas', notificado este lunes, el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una 'caja B del PP' que manejaban Bárcenas y Lapuerta "ajena al control del departamento de contabilidad", por lo que les atribuye un delito fiscal, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental.

Por estos mismos hechos, fundamentalmente el pago de las obras en la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa 'caja B', el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y Lapuerta o 102.500 en el caso de Páez.

En cuanto a la responsabilidad del PP, Romeral recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaba exentas de tributar en el Impuesto sobre Sociedades, y en un último informe del pasado marzo, a petición del juez Pablo Ruz, Hacienda elaboró un nuevo dictamen "simulando" si habría delito de tener que ser declaradas esas donaciones, todo ello relativo al ejercicio de 2008.

A la luz de este último informe, el fiscal entiende que, en el caso de tener que tributar esas donaciones, "la cuota presuntamente defraudada alcanzaría un importe de 25.630 euros", por lo que no llegaría a los 120.000 euros de límite para ser considerado delito y, por tanto, cree no está "debidamente justificado" ese delito. Sí le mantiene como responsable civil subsidiario, que no penal, de los delitos fiscales cometidos por Bárcenas, Lapuerta y Páez por el pago en negro de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova.

A cuenta de los pagos en negro de la reforma de la sede de Génova, el fiscal solicita asimismo 3 años y 10 meses de cárcel para Gonzalo Urquijo y Belén García, dueños de la empresa Unifica que reformó la sede, mientras que pide levantar la imputación contra la empleada de esta sociedad Laura Montero por prescripción.

Según el fiscal durante el tiempo en que fueron tesoreros y gerentes (de 1990 a 2009) Bárcenas y Lapuerta recibieron fondos en metálico aportados al PP por empresarios que no podían hacer donaciones al partido porque así se lo prohibía la ley.

"Del ingreso y gasto de esos caudales no se dejó constancia en la contabilidad que la formación política presentaba al Tribunal de Cuentas", detalla Romeral, que indica que Bárcenas y Lapuerta llevaban el control de las donaciones y de los conceptos en que se gastaba ese dinero. Esos ingresos y gastos "se llevaban en unas hojas a modo de contabilidad paralela -contabilidad B- que cumplimentaba Luis Bárcenas y supervisaba Álvaro de Lapuerta", explica el fiscal, que añade que ese dinero era "ajeno a todo control del departamento de contabilidad y del cajero del partido" y se guardaba en una caja fuerte ubicada en el despacho de Bárcenas.

Según el fiscal, en 2006 el PP destinó 664.000 euros de la caja B para pagar las obras de Génova y en 2008 otros 888.000 euros, unos pagos en negro que acordaron Bárcenas y Lapuerta con el dueño de la empresa, Urquijo, todo ello con el conocimiento de Páez.

Romeral considera así a los dueños de Unifica responsables de un delito fiscal por estos pagos en negro, y a Bárcenas, Lapuerta y Páez cooperadores en el mismo delito, lo mismo que ocurre con el de falsedad de las facturas usadas para justificar las obras.

Finalmente, el fiscal imputa a los extesoreros un delito de apropiación indebida por quedarse Lapuerta, con el conocimiento de Bárcenas, con 209.550 euros de la caja B que se habían destinado a la compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital. Las acusaciones del caso Bárcenas, así como la Abogacía del Estado, tienen que presentar aún sus respectivos escritos pidiendo las correspondientes penas para cada uno de los procesados, en los que podrán acusar al PP de delito fiscal por los donativos si lo consideran probado.