El concejal de Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento de Córdoba Carlos Baquerín ha lamentado este viernes que la Diócesis de Córdoba "en lugar de asumir su culpa y pedir perdón a todos los cordobeses por sus errores o por sus pecados, se empeñe en intentar descalificar y atacar" al edil por su denuncia sobre las inmatriculaciones, cuando dicha Diócesis "ha inmatriculado, y por tanto usurpado supuestamente bienes municipales de dominio público".

En un comunicado remitido a Europa Press, el concejal ha aclarado que dicha denuncia que presentó en el juzgado en octubre de 2014, luego ampliada en enero de 2015, "se interpuso en defensa del interés general y al amparo de lo que dispone el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y por supuesto, con absoluta buena fe". Algo, a su juicio, "muy distinto a lo que evidencian algunas inmatriculaciones de la Diócesis, que sólo parecen realizadas en interés y beneficio propios y albergar un ánimo esencialmente lucrativo".

Según dice, presentó la citada denuncia "en base al rigor que resulta exigible a un simple denunciante que, en atención a su condición de autoridad pública, observa la existencia de posibles indicios de delito y de alarma social, y actúa en cumplimiento de su función".

Sin embargo, cree que "ha quedado bien acreditado en los últimos meses que la Diócesis, justamente por esa falta de rigor o de responsabilidad, o tal vez incluso de mala fe, ha procedido a inmatricular algunos bienes de indudable dominio público". Para ello, añade, "necesariamente, el diocesano ha debido emitir certificaciones de contenido falso o inexacto".

Además, señala que "no es cierto que la Diócesis haya actuado con transparencia por el mero hecho de proceder a inscribir bienes propios o ajenos en un registro público", de manera que considera que "la posibilidad que ofrece la Ley a la Diócesis de poder inmatricular inmuebles sin los requisitos y garantías que se imponen a cualquier otro particular, y su propia condición benéfica y naturaleza no lucrativa, le obligaba moralmente a actuar con una transparencia y una publicidad complementarias, que ha eludido en todo momento, y que además sigue eludiendo".

Por otra parte, estima que "resultaría inverosímil y contrario al interés público que la autoridad judicial competente archive sin más la denuncia interpuesta, como solicita la Diócesis, cuando a fecha de hoy, y al margen de algunos casos dudosos, ya hay algunos otros acreditados y probados".