El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este viernes una nueva ordenanza de saneamiento que incluye la prohibición de tirar toallitas húmedas al inodoro. Según ha explicado, estos desechos "atascan las tuberías porque no son eliminables" por el sistema de depuración y suponen un "grave gasto" para las arcas públicas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La ordenanza, que incorpora "importantes avances" en materia de protección del medio ambiente y de la red de saneamiento de la ciudad, introduce como principales novedades el incremento y el control y regulación también de otros vertidos de la red de alcantarillado, como los excedentes procedentes de excavaciones, achique de aguas, trituradoras de basura o desechos con coloraciones indeseables a fin de proteger el medio ambiente y la calidad de las aguas residuales.

La normativa regula elementos de la red como las acometidas domiciliarias, así como un incremento en las medidas de seguridad de todos los trabajos que intervengan en la red de saneamiento, garantizando la eficiencia de las instalaciones y la protección de los trabajadores.

Por un lado, ha destacado el apartado dedicado a la protección sobre las aguas residuales, con el objetivo de "mantener la eficiencia" en la gestión de la red de alcantarillado y "evitar perjuicios" en los sistemas de depuración y el medio ambiente urbano.

Para ello, la nueva Ordenanza contempla la ampliación en la relación de vertidos que directa o indirectamente no son permitidos, a fin de proteger la calidad ambiental en estos procesos. En este sentido, la Ordenanza se actualiza de acuerdo a la nueva legislación vigente e introduce la obligatoriedad de disponer de la acreditación ambiental ENAC (según la norma UNE-

En iso/IEC 170025) a los laboratorios de análisis de vertidos.

Obras de saneamiento

Otro de los aspectos es la regulación de la ejecución subsidiaria en obras de saneamiento, que permitirá al Ayuntamiento actuar en caso de daños ocasionados en la red de alcantarillado u obras que no se ajusten a la normativa, "garantizando en estos casos una rápida intervención municipal"

Por otro lado, el nuevo texto legal recoge la regulación de las acometidas domiciliarias de particulares o comunidades de vecinos, lo cual permitirá a los vecinos una mejora en sus propias instalaciones, evitando obras que no garanticen la calidad en el servicio ni su adecuación a la normativa vigente, ya que habrán de ser realizadas según la Normativa para Obras de Saneamiento de la ciudad de Valencia, que también ha sido modificada y actualizada.

Además, cualquier nueva obra municipal que intervenga o afecte a la red de saneamiento habrá de contar con el preceptivo informe previo de los servicios técnicos de saneamiento. De igual manera, se incorpora un nuevo artículo sobre la recepción de las obras de saneamiento, que permitirá incrementar la vigilancia sobre todas las obras de saneamiento de nueva construcción, del mismo modo que "se requerirá la documentación homologada, no siendo recepcionada ninguna obra que no se adecue a la nueva normativa y no garantice la calidad exigible".

Asimismo, la normativa incluye el uso de sistemas de drenaje sostenible, un nuevo procedimiento de drenaje de aguas pluviales cuya práctica "permitirá un aprovechamiento natural de este tipo de recursos hídricos a través de su filtración en el subsuelo".

Carta verde digital

Por otro lado, el pleno ha aprobado también la Carta Verde Digital, una iniciativa que tiene entre sus principales objetivos el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para la hacer frente al cambio climático en las ciudades.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de la Comisión Europea es una iniciativa de la red europea Eurocities —de la que también es miembro la ciudad de Valencia— que promueve la utilización de las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de información y comunicación (TIC), maximizando su potencial de desarrollo para reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Con esta adhesión, Valencia se compromete, junto al resto de ciudades firmantes, a trabajar conjuntamente en el uso de las TIC para la mejora de la gestión y de la eficiencia energética; desarrollar cinco proyectos piloto que mejoren estas áreas en los próximos cinco años, así como una disminución de la huella de carbono directa de las TIC en la ciudad un 30% en los próximos diez años.