El alcalde de Astillero espera que su declaración sirva para "descubrir el juego sucio" del secretario

El alcalde de Astillero y candidato del PP a la reelección, Carlos Cortina, ha afirmado que acudirá el próximo martes a declarar ante el juez, "animado" a que su intervención "sirva para descubrir el juego sucio" del secretario municipal. "Lo triste es que todo esto haya llegado tan lejos y no se haya detectado cuales son las verdaderas intenciones de este señor, que no son otras que hacer daño por un interés personal", ha lamentado.

El alcalde de Astillero y candidato del PP a la reelección, Carlos Cortina, ha afirmado que acudirá el próximo martes a declarar ante el juez, "animado" a que su intervención "sirva para descubrir el juego sucio" del secretario municipal. "Lo triste es que todo esto haya llegado tan lejos y no se haya detectado cuales son las verdaderas intenciones de este señor, que no son otras que hacer daño por un interés personal", ha lamentado.

Cortina ha sido citado a declarar como imputado por un posible delito de prevaricación, en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santander, a instancias del Ministerio Fiscal.

Según la versión del alcalde, las diligencias tienen su origen en las denuncias que realizó el secretario municipal, José Ramón Cuerno, contra la propia Administración Local "en represalia hacia una empleada municipal que detectó irregularidades en las gratificaciones que cobraba el citado secretario".

En un comunicado de prensa, Cortina considera que las denuncias de este último están "plagadas de falsedades y de medias verdades, además de tergiversar los hechos y manipular documentos en su propio beneficio".

En este sentido, el alcalde subraya que han acudido ya a declarar el actual interventor y las otras dos personas imputadas, una empleada municipal y la hermana de esta última, que prestó servicios como autónoma para el Ayuntamiento.

El alcalde manifiesta que se le cita a declarar por la firma de dos decretos. Uno de ellos un contrato menor del año 2008 donde la fiscal tiene "dudas sobre su legitimidad y necesidad, "decreto que en su día no tuvo objeción alguna por parte del secretario municipal". Y el otro, del año 2013, por el que se aprueba el pago de una productividad a un empleado que ya venía recibiendo ese complemento desde hacía años, señala Cortina.

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